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6

jul 2009

El abaratamiento del despido como tapadera

6 de Julio de 2009. CCOO PV


No hace mucho tiempo, cien supuestos expertos del mercado de trabajo lanzaban un decálogo de medidas para sacarnos de la crisis. Una crisis que, según ellos mismos apuntaban, no tenía su origen en el mercado de trabajo, lo que les daba igual, ya que su propuesta pretendía actuar precisamente sobre él. Existe un dicho popular que recoge nítidamente la esencia de esa forma de estructurar el pensamiento, y que viene a decir "eso es como si te pica la cabeza y te rascas los talones".

Una vez más se insiste en responsabilizar de la actual situación al más débil dentro del entramado social, mediante la reducción de su derecho a un trabajo digno, estable, y con garantías. Además, el planteamiento es doblemente cínico, al proponer conseguir esto por la vía del abaratamiento del coste del despido improcedente, que determina el nivel de protección de los trabajadores frente a las decisiones arbitrarias del empresario de ponerlo de patitas en la calle. La injusta medida propuesta sólo sería de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que regulan sus condiciones de trabajo a través de sus convenios colectivos, o del estatuto de los trabajadores, donde rara vez se mejoran las indemnizaciones legales por despidos improcedentes. Paradójicamente, los que defienden la necesidad de este abaratamiento suelen blindar sus propios contratos laborales con indemnizaciones muy superiores a las que ellos pretenden reducir.

Repasemos como se despide en el España. El despido disciplinario procedente, es decir, cuando un empresario despide a un trabajador por incumplir con las obligaciones que se desprenden de su contrato de trabajo no tiene coste alguno. Si un empresario despide por una incorrecta actuación del trabajador, el coste para ese empresario es cero euros.

El despido individual o colectivo por causas objetivas, aquel que obedece a motivos técnicos, organizativos, económicos o de producción, y al que el empresario se ve abocado porque puede probar que existen problemas económicos, incluso por menor beneficio, o por cambios organizativos que mejoran la situación de la empresa y su competitividad, o si hay introducción de nuevos procesos técnico, etc., tiene un coste para el empresario de 20 días de salario por año trabajado, con el tope de una anualidad de salario. En empresas con menos de 25 trabajadores este coste queda reducido a sólo 12 días, ya que el resto lo asume el Fondo de Garantía Salarial.

El despido improcedente, es decir, el despido caprichoso, cuando un empresario es incapaz de probar ante un juez -atendiendo al derecho constitucional al trabajo por una lado y a la protección judicial efectiva por otro- o ante la administración en el caso de despidos colectivos, la necesidad de amortizar un puesto de trabajo, o la existencia de una infracción tal del trabajador que sea motivo de despido tiene un coste de 45 días de salario por año trabajado, con un tope de 42 mensualidades. No podemos olvidar que este coste sólo existe si el empresario, como suele pasar, decide seguir adelante con su pretensión de prescindir del trabajador o trabajadora, a pesar de que un juez ha determinado que no existe motivo alguno para extinguir el contrato. Si no existe incumplimiento del contrato por parte del trabajador, y tampoco existe situación económica, técnica, organizativa o de producción, ¿por qué insiste un empresario en pagar por despedir a este trabajador o trabajadora?. Lo que deberíamos prohibir es que un empresario pudiese despedir a un trabajador sin causa alguna, porque, en el fondo, permitiendo el despido improcedente indemnizado, lo que realmente estamos haciendo es ponerle precio a la injusticia y, en muchas ocasiones, atacando derechos fundamentales.

¿Qué persigue entonces el famoso contrato único? Por un lado el abaratamiento del coste del despido, pero fundamentalmente aumentar la sensación de inseguridad de los trabajadores. Cualquier persona sabe que su derecho al trabajo está protegido por el coste que le supone al empresario deshacerse de él, y que si ese coste baja, su seguridad también, haciéndole más vulnerable y sumiso. Ésa es la pretensión real que esconde esta propuesta, evitar que las decisiones arbitrarias y caprichosas de los empresarios se sometan al control judicial. Se trata de un ataque directo a la democracia en las empresas, donde las conductas de los de arriba no precisen justificación y los de abajo se limiten a obedecer más allá de lo éticamente aceptable y lo, hasta ahora, legalmente establecido. Por tanto, ¿qué se persigue con el abaratamiento del coste del despido?, ¿la creación de más empleo?, eso es absurdo ya que esa medida sólo hace más fácil la destrucción del empleo estable de manera aún más barata.

Se dice que si el despido fuese más barato no se recurriría tanto a la temporalidad, pero si la idea es que se abusa de este tipo de contratación, el problema es bien diferente, porque el Estatuto de los Trabajadores es claro al optar por la contratación indefinida y permitir, cuando existan causas que así lo justifiquen, la utilización de la contratación temporal. En España el principal motivo de la destrucción rápida de empleo sigue siendo la contratación temporal. Si los empresarios recurren a la precariedad, independientemente de que exista causa que lo justifique o no, lo que habría que plantearse es la necesidad de articular mecanismos para corregir esa línea de actuación, porque vulnera tanto el espíritu como la letra de la ley. Abaratar el coste del despido no sólo sería injusto, sino que premiaría el incumplimiento de la norma en lugar de perseguirlo. Por tanto, el camino para evitar el uso abusivo de la contratación temporal, que es una de las responsables directas de mantener una elevada segmentación de nuestro mercado de trabajo y que supone uno de los principales frenos al cambio de modelo productivo, pasa por mejorar los mecanismos de control, tanto en el registro de los contratos SPEE (Servicio Público de Empleo Estatal) o SERVEF en el País Valencià, como mejorar la dotación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Una vez más los salvadores de la patria apuestan por medidas que nada tienen que ver con el interés general, dicen que hay que cambiar el modelo productivo y recetan más precariedad y mano de obra más barata, de usar y tirar, con lo que siguen alejándonos de los países de nuestro entorno. Un cambio de modelo productivo implica más compromiso de todos, trabajos con mayor valor añadido, apuesta por la formación, la I+D+i, los sectores productivos y los servicios de calidad, y ahí no se llega por ese atajo, que conduce a otro precipicio. Hacerles caso supondría dejar pasar, una vez más, una oportunidad de empezar a hacer las cosas de otra manera, no se puede construir una sociedad del siglo XXI sobre un mercado de trabajo del siglo XIX y, a quien lo intente, no se lo vamos a permitir.

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