La Reforma de la Administración Local planteada por el Gobierno es un ataque frontal a la ciudadanía que conlleva la desaparición de un gran número de servicios públicos, la destrucción de miles de puestos de trabajo y el deterioro  del sistema democrático.

Su pretensión, por mucho que intenten convencer a incautos,  no es eliminar  duplicidades, aumentar  la eficiencia o disminuir el  gasto. El núcleo duro de la reforma vacía de competencias a los ayuntamientos para facilitar la privatización  de los Servicios Públicos municipales permitiendo  un lucrativo negocio de más de 40000 millones de euros.

Toda la ciudadanía se verá afectada por este cambio radical en las competencias municipales, ya que los ayuntamientos son por definición las instituciones más cercanas y accesibles, pero las mujeres se verán especialmente afectadas.

En primer lugar, porque la desaparición de competencias conlleva la supresión de puestos de trabajo que mayoritariamente ocupaban mujeres. Si las áreas en riesgo son las de Educación, Sanidad, o Bienestar Social, serán también mayoría las trabajadoras que perderán su puesto de trabajo.       

Son las trabajadoras sociales, las agentes de igualdad, las asistentes de ayuda domiciliaria, las psicólogas  o profesoras de EPA y Escuelas infantiles. Todas ellas, que no son cifras, sino personas formadas y con un alto nivel de profesionalización, aumentarán la vergonzosa cifra de 300.000 empleos públicos que el Gobierno, según sus propias declaraciones, ha destruido hasta la fecha, 

Por otro lado, la eliminación de servicios públicos relacionados con la Educación como las Escuelas infantiles,  o  con la Sanidad como los programas de promoción de la salud,  supone la desaparición de unos recursos y servicios encaminados a facilitar la conciliación  y a proteger la calidad de vida de las familias. La "transformación? de  los Servicios Sociales que ya sólo podrán "evaluar e informar? pero no dar soluciones,  generará vacíos asistenciales que, como casi  siempre, acabarán por asumir las mujeres en solitario, porque alguien deberá hacerse cargo de menores y personas dependientes. La vergonzosa realidad es que esa responsabilidad compartida aún no ha sido interiorizada por la inmensa mayoría de los hombres.

En sólo un año desde la aprobación de la Reforma, servicios como la teleasistencia, o la ayuda a domicilio, de la que dependen 600.000 personas en España, corren el riesgo de ser privatizados y a la larga suprimidos,  si no resultan "rentables?, concepto absolutamente reñido con la protección de los más desfavorecidos y vulnerables  que debía ser su única finalidad.

Resulta todavía más grave la desaparición de  los programas encaminados a proteger a las mujeres víctimas de violencia de género, porque éstas carecerán de recursos y apoyos en el entorno más cercano, lo que hará más difícil que reciban la atención y el seguimiento que precisan.

El perverso vaciado de competencias que pretenden llevar a cabo con la Reforma de la Ley Local, supone la eliminación de las referencias más inmediatas y accesibles de la ciudadanía para resolver problemas cotidianos. Significa  la supresión de servicios y programas que hacían realidad las políticas de igualdad entre mujeres y hombres. Implica la desaparición del colchón protector que los ayuntamientos ofrecían a la ciudadanía. Y también el aumento del desempleo femenino por la pérdida de empleo en sectores altamente feminizados.

Comisiones Obreras considera esta reforma una auténtica estafa, destinada a convertir a los consistorios en instituciones vacías de contenido, inútiles para la democracia y que además ofrezcan la posibilidad de hacer  "negocio? donde sólo habría de primar el interés social.

Esa es la razón por la que CCOO ha convocado entre otras acciones tres marchas a pie en la comarca de L?Horta, los próximos días 15, 18 y 22 de octubre, en defensa de la Administración Local, del Empleo Público y de los Servicios Públicos Municipales.

Estas son las razones por las que cualquier trabajador o trabajadora de la Administración Local, cualquier vecino o vecina que espera que su ayuntamiento ofrezca servicios de calidad y actúe cuando es necesario, debe participar.