2

jul 2015

Carta abierta al nuevo conseller de Economía Sostenible

2 de Julio de 2015. Javier Perez Ferre

El secretario de Acción Sindical de CCOO PV, Jaume Mayor, traslada al nuevo responsable de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Empleo del Gobierno valenciano, Rafael Climent, las prioridades en el ámbito de las relaciones laborales y la política industrial.


Este lunes se dio a conocer el nuevo Gobierno valenciano. Lo primero es felicitar y agradecer la valentía de todas las personas que asumen la nada fácil tarea de llevar las riendas del gobierno autonómico en un contexto como el actual. Estamos en una situación de alarma social en la que el paro, la pobreza y la ausencia de políticas sociales adecuadas para paliar estas situaciones, están condicionando la vida de la mayoría de la ciudadanía. Hacer frente a ello, debe ser el primero de sus objetivos.
 
Mucho se viene escribiendo durante las últimas semanas sobre lo que esperamos del nuevo Consell, los trazos gruesos de unas políticas diferentes que hagan recuperar la confianza de la ciudadanía con sus gobernantes. En unas pocas líneas quiero trasladarle al nuevo responsable de Economía sostenible, Industria, Ocupación y Turismo lo que, en mi opinión, debe ser una prioridad en el marco de las relaciones laborales y la política industrial.
 
En primer lugar, como responsable de un una Conselleria que le obligará a mantener contactos constantes con el mundo del trabajo y, por tanto, con los sindicatos y las patronales, que trate de entender, como otros no fueron capaces de hacerlo, que el diálogo social es un instrumento útil para todos y todas. Que a los trabajadores y a las trabajadoras nos debe servir para intervenir en cuestiones que nos afectan como ciudadanos y ciudadanas, y que no se pueden abordar en la negociación colectiva: todo aquello que tiene que ver con el salario diferido y que condiciona de manera clara y directa nuestra calidad de vida y nuestras posibilidades de desarrollo.
 
Por otra parte, considero que es importante revisar y redefinir muchas cosas, cambiar inercias, reorganizar políticamente la Administración para que sea capaz de dar respuesta rápida y eficaz a las demandas de una sociedad (y de un mercado de trabajo) que ha cambiado mucho y muy rápido. Un modelo que se aleje de unas instituciones que, en demasiadas ocasiones, se perciben como anacrónicas en su funcionamiento. Esto nos debería exigir evaluar los instrumentos y los espacios de participación y adaptarlos a la nueva realidad para dotarlos de mayor eficacia. Lo importante no es reunirse, sino que las reuniones sirvan para impulsar políticas que permitan cambiar el modelo productivo, democratizar las relaciones laborales, anticipar respuestas a los conflictos, etc.
 
En segundo lugar, recordar que el País Valencià tiene una tasa de desempleo superior a la media nacional, unos salarios inferiores y un tejido productivo extraordinariamente castigado por la apuesta estratégica de las últimas décadas. Revertir esta situación no es fácil y lo sabemos, pero no imposible. Solo podremos hacerlo si diseñamos un plan de trabajo ambicioso a la vez que sensato, evitando los atajos que nos llevaron donde estamos, analizando necesidades reales y priorizando inversiones. Esto nos obliga a repensar muchas de las cosas que se venían haciendo, desde la política industrial a la oferta de servicios.
 
En tercer lugar, pero tan importante como los anteriores y no menos urgente, existen en nuestra autonomía demasiadas personas viviendo bajo el umbral de pobreza. Una pobreza que esta crisis y las políticas austericidas han arrastrado hasta situaciones dramáticas que necesitan una respuesta inmediata por parte de la Administración.
 
Se debe entender que las prestaciones sociales no son privilegios sino derechos, que la distribución de competencias entre autonomía y Estado no puede seguir siendo la excusa que deje a las personas sin esa necesaria red de protección. El nuevo Consell y el nuevo conseller tienen la oportunidad de demostrar que los derechos sociales reconocidos en la Constitución Española, y en infinidad de leyes que la desarrollan, no son palabras vacías sino derechos reales y que, por tanto, una de sus prioridades será garantizar su concreción en beneficio de todas aquellas personas que tanto lo necesitan.
 

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