Antes de acabar con los sindicatos, hagámoslo con las injusticias
En el relato de la crisis muchas personas han perdido su empleo, han agotado sus prestaciones, se han quedado sin ingresos, sin vivienda, sin esperanza. Actualmente, una de cada tres se encuentra en situación de pobreza, siendo ya 124.500 los hogares valencianos que no tienen ningún tipo de ingreso, casi el doble que en 2008. Desde las organizaciones sociales venimos advirtiendo de que no solo llegan a ser pobres quienes se quedan en desempleo, sino también quienes tienen un trabajo regulado y remunerado, pero sus ingresos no superan el umbral de la pobreza.
La precarización extendida y normalizada hunde su raíz en un modelo desregularizado del mercado de trabajo. Unir a la propia crisis, unas reformas laborales que restan fuerza negociadora a los trabajadores y trabajadoras, ha traído como consecuencia la caída de los salarios, la proliferación de contratos temporales y a tiempo parcial y una flexibilidad que está solo al servicio de la empresa. Este deterioro tiene, sobre todo, un rostro joven y de mujer, acrecentando la brecha generacional y de género.
Las reformas estructurales han repercutido también en el salario indirecto, al recortar los servicios públicos y la protección social, y, para disuadir de la protesta, cercenan la libertad ciudadana. Mientras el entonces Gobierno valenciano del PP nos convencía de las bondades de su política de ajustes, se dedicaba a sacar provecho de las corruptelas generadas por la relación público-privada. Una corrupción sistémica que continúa teniendo consecuencias económicas y reputacionales para nuestro territorio.
Regenerar nuestra democracia requiere que señalemos responsabilidades y exijamos reparaciones. A quienes han robado dinero público, que lo devuelvan. A quienes han usurpado las plusvalías del trabajo, que las distribuyan entre quienes las han generado. Hemos de aprender de los errores y establecer los mecanismos para asegurar un comportamiento acorde a unos valores éticos.
En un momento en el que todo está cuestionado en el debate social, también lo estamos los sindicatos. Desde algunos foros se nos sitúa como elementos prescindibles. Bien es cierto que el mercado de trabajo se ha transformado y que las organizaciones de clase no hemos terminado de encontrar la fórmula para atender a las nuevas realidades de precariado ni hemos flexibilizado lo suficiente nuestra estructura para mejorar la participación y la democracia interna.
Pero mientras estamos recorriendo ese camino de búsqueda y reformulación, hemos seguido sosteniendo la negociación colectiva en nuestro país. Si nuestra tasa de densidad sindical se sitúa en el 16,8% de afiliación, la de cobertura de la negociación colectiva supera el 79%, muy por encima a la de nuestro entorno europeo. En este tiempo, al margen de atender innumerables conflictos individuales y colectivos, hemos mantenido una movilización sostenida en la calle. De todo ello recibimos el castigo de tener a 300 sindicalistas encausados por ejercer el derecho de huelga.
La urgencia de CCOO está en poner el trabajo decente en el centro de la agenda política. Por eso reclamamos, tras las próximas elecciones, que se afanen en acordar un nuevo pacto social que, teniendo por sujetos a mujeres y a hombres, constitucionalice y reponga los derechos de la clase trabajadora. Son demasiadas las injusticias que hemos de combatir y la sociedad ya no aguanta más.
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