Diálogo social permanente y flexible
Desde CCOO siempre hemos considerado que el diálogo social es útil en la medida en que pueda dar respuestas a las demandas de la sociedad. Desde el cambio de gobierno en la Generalitat Valenciana, hemos trasladado al nuevo Consell la necesidad de recuperarlo como un instrumento de concertación capaz de definir las principales líneas de acción política en materia social y económica.
En este sentido, hicimos la propuesta de impulsar un nuevo modelo de diálogo social de carácter permanente y flexible, asentado sobre tres pilares fundamentales. En primer lugar la atención a las personas, especialmente a aquellas que como consecuencia de la crisis siguen padeciendo sus efectos y que las sitúa en los umbrales (o más allá) de la pobreza y la exclusión social.
En segundo lugar la recuperación económica, que debe venir de la mano del cambio de modelo productivo, apostando para ello por la reindustrialización, por una profunda reforma de nuestro modelo energético y por la I+D+i, como mecanismo para avanzar hacia una economía más próspera y competitiva, a la vez que sostenible desde el punto de vista económico, social y medio ambiental. Por último, planteábamos la necesidad de repensar el funcionamiento de las administraciones públicas al tiempo que insistíamos en exigir una financiación autonómica justa.
Sobre esos tres ejes hemos estado trabajando los últimos meses con el Consell, UGT y CIERVAL. Fruto de ese trabajo se pudo presentar el pasado día 25 una serie de medidas que, el Gobierno, al aceptarlas, las asume como compromiso ante la ciudadanía. No agotan lo que desde CCOO PV venimos exigiendo, pero supone un punto de partida que permite avanzar en cuestiones concretas que deben tener un efecto inmediato.
En el ámbito laboral hay una medida consideramos central, ya que permite garantizar la estabilidad y la calidad en el trabajo a decenas de miles de personas que desarrollan su actividad laboral en empresas que prestan servicios para las administraciones públicas. La incorporación de cláusulas sociales a la contratación pública, tal y como desde CCOO PV las hemos defendido, supone no solo (que también) la integración a personas con diversidad funcional, en riesgo de exclusión o que impulsen prácticas positivas respecto a la igualdad de género.
Nuestra propuesta, que es ya un compromiso del Consell, iba más allá y era de afectación al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de estas empresas. Pasa, en primer lugar, por garantizarles la estabilidad en el empleo mediante mecanismos de subrogación, vinculando su trabajo con el puesto que ocupan y no con la empresa que (siempre de manera temporal) asume la prestación del servicio. Con esta cláusula, mientras la actividad siga desarrollándose, el trabajador o trabajadora tendrá derecho a subrogarse en las diferentes empresas que lo presten, con lo que el cambio de contrata dejará de ser un riesgo para su estabilidad.
Además, nuestra apuesta ha sido garantizar la calidad del empleo. El elemento determinante en la adjudicación de contratas de la Administración Pública venía siendo el precio de las ofertas, con lo que la competencia entre empresas se centraba en pujar con propuestas económicas más baratas que acababan revertiendo siempre en las condiciones laborales en la empresa adjudicataria (fundamentalmente en el salario). A esto se suman las últimas reformas laborales que han venido a legalizar lo que antes eran casos claros de fraude laboral: empresas abonando salarios por debajo del convenio sectorial pactados en el de empresa o inaplicaciones pactadas con quienes carecen de la más elemental capacidad de representación. Todo ello había llegado a convertir estos concursos en autenticas carreras a la baja en condiciones laborales que acaban saldándose con adjudicaciones de contratas por varios años a empresas que habían presentado lo que se podría catalogar, sin exageración alguna, como bajas temerarias.
El incorporar cláusulas sociales que garanticen la calidad del empleo y que, por tanto, vinculen la concesión del contrato al cumplimiento (como mínimo) de las condiciones de trabajo pactadas en el convenio colectivo sectorial de referencia, supone eliminar la posibilidad de concederlo a empresas que pactan convenios por debajo del sectorial o inaplicaciones salariales para concurrir a estos concursos. La exigencia por parte de la Administración Pública de estos mínimos para la concesión, y durante la ejecución de la contrata, supone un giro importante en el papel que venían jugando, ya que se habían convertido en uno de los mayores precursores de precariedad laboral en todos los sentidos. Este nuevo marco, asumido a través del diálogo social, viene a dignificar las condiciones de trabajo de tantas personas que lo desarrollan de manera indirecta para las distintas administraciones públicas. El reto ahora será garantizar el cumplimiento de estas normas e impulsarlas también hacia el sector privado.
Un diálogo social permanente y flexible, que nos permita abordar los temas, acordarlos, implementarlos y todo esto hacerlo en un escenario de grandes limitaciones presupuestarias que nos obliga, al tiempo que reclamamos una financiación justa, a ser más exigentes con el Gobierno a la hora de fiscalizar la asignación de los escasos recursos con que contamos, para impulsar las políticas de transformación económica y social que reclamamos.
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