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nov 2016

La Conselleria de Sanidad tira piedras contra su tejado

21 de Noviembre de 2016. Arturo León

Transcurrido casi año y medio desde que Carmen Montón asumiera la cartera de la Conselleria de Sanidad, ya tenemos elementos de juicio para valorar objetivamente las cuestiones asistenciales y de carácter laboral impulsadas.


Coincidimos con buena parte de las medidas del programa de acción, como la universalización de la asistencia o la recuperación de las concesiones administrativas sanitarias, entre otras; pero cuando valoramos la transparencia, participación y voluntad de negociación, la conclusión es clara y rotundamente decepcionante.

Medidas de carácter asistencial como el incremento de la cobertura sanitaria, el plan funcional del antiguo hospital La Fe, la creación de las áreas asistenciales, el plan funcional de los hospitales de Castellón o la estrategia de salud mental de la Comunidad Valenciana, entre otras, que afectan a las condiciones de trabajo y que según la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud deben ser negociadas o al menos informadas en la Mesa Sectorial de Sanidad, han sido hurtadas del debate a la representación legal del personal.

La obsesión de la consellera por tener presencia en los medios de comunicación le lleva a presentar los proyectos antes de ser conocidos por quienes representan a más de 50.000 profesionales de la sanidad. Lo anterior constituye el incumplimiento de la ley, una falta de respeto constante a las organizaciones sindicales y una muestra del talante democrático de la responsable sanitaria.

En materia de participación, la ciudadanía ha podido conocer y participar de algunos proyectos enviando aportaciones a través de la página web, pero la gestión de los consejos de salud presenta déficits evidentes pues las convocatorias en los departamentos de salud son escasas, situación empeorada en el Consejo de Salud de la Comunidad Valenciana, órgano superior de participación al que ni siquiera se le presentan las iniciativas sanitarias.

Por último, está pendiente la reforma de la estructura de participación de la ciudadanía pues sigue vigente la aprobada en su momento por el Partido Popular.

En materia de transparencia señalar que la designación de los cargos directivos e intermedios deja mucho que desear, en todo caso no podemos estar de acuerdo con que los designados sean los mejores, ni que su designación obedezca a criterios estrictos de igualdad, mérito y capacidad. El sistema de contratación temporal, que es el mismo que el del Partido Popular al que tanto criticaron con razón, se mantiene. Es un sistema que ha dado muestras suficientes de facilitar el nepotismo por lo que no hay justificación para no haberlo derogado y sustituido.

En cuanto a las cuestiones de carácter laboral, en el lado positivo, el plan de igualdad y el acuerdo por la estabilidad en el empleo. Sin embargo, en dos proyectos fundamentales sobre los que se está llevando a cabo la negociación, como son el Decreto de Selección y Provisión, y el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, la administración no ha sido, hasta el momento, capaz de pactarlos. Es exasperante la lentitud y la incapacidad demostrada para impulsar ambos proyectos. Veremos para cuando están y si hay consenso entorno a los mismos. Además, hay que recordar la larga lista de materias comprometidas para negociar como el decreto de jornada, el bolsín, etc. que, de seguir así, no verán la luz en esta legislatura.

En prevención de riesgos laborales, cabe subrayar que heredaron el incumplimiento flagrante de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que, aunque hay buena voluntad en el personal técnico, no hay representación de la conselleria en las mesas donde se discuten las propuestas en materia de seguridad y salud. Es decir, que los directivos de Sanitat no se involucran ni participan de lo que es una responsabilidad directa. A día de hoy seguimos sin saber cuando se cumplirá con la ley.

De los compromisos firmados en la Mesa General presidida por la conselleraGabriela Bravo, aplicables a la sanidad pública, sólo se ha puesto en marcha el acuerdo de los días adicionales, quedando pendiente el resto de materias, entre otras la mejora de los permisos por conciliación de la vida familiar y laboral, cuando el personal funcionario de la administración del Consell lo viene disfrutando desde hace meses.

La FSS CCOO-PV ha intentado desde el principio de la legislatura colaborar con una administración supuestamente más cercana, pensando que el fondo y las formas facilitarían el acercamiento. Sin embargo, no ha podido ser porque existen discrepancias entre lo que la consellera anunció que iba a hacer y lo que hace, con unas formas además inaceptables. No perdemos la esperanza y seguimos abiertos a mejorar la relación, pero desde nuestra autonomía sindical continuaremos haciendo las críticas que correspondan, como es nuestro deber.

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