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ene 2018

Una promesa incumplida: la ampliación del permiso de paternidad

9 de Enero de 2018. Cloti Iborra i Dani Patiño

El pasado 21 de septiembre, el Partido Popular y Ciudadanos acordaron la ampliación del permiso de paternidad una semana más, hasta alcanzar las cinco semanas a partir de 1 de enero de 2018. Sin embargo, la entrada en vigor de esta medida queda pospuesta bajo la argumentación de la no aprobación presupuestaria para este año.


Para un análisis más riguroso de la cuestión suscitada se ha de acudir al origen de este permiso, que radica en el esfuerzo de los agentes sociales, que firmaron un Acuerdo Marco Europeo para ampliarlo en 2009, de aplicación a los Estados miembros mediante la Directiva 2010/18/UE. El compromiso establecía como fecha tope el 8 de marzo de 2012, salvo que su implantación conllevara especiales particularidades o fuere consecuencia mediante convenio colectivo, para lo que se ampliaba un año más.

La Cláusula 2.2 del Acuerdo Marco contempla que “el permiso paternal tendrá una duración mínima de cuatro meses y, a fin de promover la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato entre hombres y mujeres, debe, en principio, concederse con carácter intransferible. Para fomentar un uso más igualitario del permiso por ambos progenitores, al menos uno de los cuatro meses será intransferible. Las modalidades de aplicación del período intransferible se establecerán a nivel nacional por ley o convenios colectivos que tengan en cuenta las disposiciones sobre permisos vigentes en los Estados miembros”.

Considerando que, como se recoge en la exposición de motivos, “la política familiar debe contribuir al logro de la igualdad entre los sexos, la promoción de la participación de las mujeres en la vida activa y el reparto de responsabilidades entre mujeres y hombres”, además de que la implementación de “medidas encaminadas a mejorar la conciliación forman parte de una agenda política más amplia para abordar las necesidades de empresas y trabajadores y mejorar la adaptabilidad y capacidad de inserción, dentro de un enfoque de flexiguridad”, los acuerdos adoptados poseen un marcado carácter transversal y una repercusión directa con alcance general a toda la población. Por ello, no se debe menoscabar las consecuencias del acuerdo alcanzado en el marco del diálogo social si por esto podemos democratizar un poco más la sociedad y las relaciones laborales.

Desde CCOO PV consideramos inaceptable la permanente vulneración no solo de la Directiva, algo que nuestro Gobierno está muy acostumbrado (España es el Estado miembro que acumula más multas según datos de 2016 y es el 4º país en el “ranking histórico” de expedientes incoados por la UE), sino de que se vulneren dos aspectos que hacen una sociedad más democrática: el reconocimiento y adopción de las medidas acordadas fruto del diálogo social y de las normas que mejoran directamente la vida de las personas. Además, su incumplimiento no se ajusta a un principio económico, pues la cifras alcanzan los 286.000.000€ en todo el Estado. Las comparaciones con otros Estados miembros, y con otras partidas del Presupuesto, resultan odiosas.

La cultura heteropatriarcal, que perpetua el rol de las mujeres como las encargadas de la crianza y los cuidados, favorece su exclusión y discriminación en el mercado de trabajo. Discriminación tanto en el acceso y mantenimiento, como en la promoción en el empleo, en la jornada, en los salarios, en la tasa de cobertura de prestaciones en caso de ausencia de trabajo y en prestaciones de jubilación. Son las mujeres, en su gran mayoría, las que acuden a reducciones de jornada, excedencias, incluso abandono de su puesto de trabajo, por dedicarse a la crianza y a los cuidados de la familia. Según datos del tercer trimestre de 2017 de EPA, la tasa de paro femenino es del 18,3%, casi 4 puntos por encima de la masculina (14,9%) y la tasa de actividad es 12 puntos porcentuales inferior.

Tal y como señala la socióloga y profesora de la Universidad de Islandia Guðný Björk Eydal, una de las impulsoras de la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad en Islandia, “ha supuesto una medida eficaz para reducir la brecha de género en el país nórdico a su nivel más bajo”, resultando fundamental para eliminar estereotipos, corregir la discriminación del mercado laboral, lograr la igualdad y, además, proveer a niños y niñas del cuidado que merecen por parte de ambos progenitores.

La equiparación de los permisos de paternidad y maternidad resultaría útil para eliminar la discriminación en el mercado de trabajo, pues al tener hombres y mujeres las mismas probabilidades de faltar al trabajo por motivos de nacimiento de un hijo o hija, se reduciría la penalización que sufren sistemáticamente las mujeres. Pero no solo se deben equiparar los permisos, se deben incrementar los servicios de cuidados e implantarse medidas efectivas de corresponsabilidad.

La reivindicación sindical, y de quienes tienen un mínimo de conciencia y noción de justicia social, se encamina hacia el cumplimiento de la Directiva sin paliativos ni excepciones, equiparando el permiso de paternidad al de maternidad en todos los regímenes de la Seguridad Social, abarcando la diversidad en las familias existentes y de una forma inminente. Toda la sociedad se beneficiará.

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