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jun 2018

Trabajadoras del hogar: precariedad y desprotección

25 de Junio de 2018. Cloti Iborra

La lucha por los derechos de las trabajadoras del hogar representa la batalla contra la injusticia social y la desigualdad más salvaje. Históricamente, las labores domésticas y de cuidados han sido realizadas por mujeres y es desolador comprobar que, precisamente este trabajo, fundamental pero invisible, es el que menos ha avanzado en derechos. Además, muchas de las trabajadoras son migrantes, lo que supone una mayor vulnerabilidad.


Según datos oficiales, en España hay dadas de alta en la Seguridad Social 418.973 trabajadoras de hogar. Sin embargo, según la Encuesta de Población Activa, el número de personas ocupadas en el sector asciende a 637.678, lo que implica que más de un tercio de ellas desarrollan su trabajo en la economía sumergida.

Esta situación es intolerable, como también lo son las condiciones de las trabajadoras de hogar dadas de alta. Hay que explicar que los derechos de este colectivo no son iguales al del resto de trabajadores y de trabajadoras. No tienen derecho al desempleo ni al subsidio, aunque hayan trabajado más de cuatro años; no tienen la misma protección en caso de despido arbitrario e improcedente, pues se les puede despedir libremente por tan solo 12 días de indemnización, o siete, si su contrato es de antes del 2012; pedir su derecho a maternidad o enfermedad, en el 90% de los casos supone ser despedidas; están excluidas del ámbito de aplicación de la Ley de prevención de riesgos laborales; no cotizan por lo que realmente están cobrando, lo que se traduce en míseras pensiones de jubilación o de incapacidad permanente. Por último, no tienen un convenio colectivo que regule sus derechos laborales.

CCOO cuenta con alrededor de 1.500 afiliadas empleadas del hogar, en la federación de Construcción y Servicios estatal. Con ellas llevamos varios años reclamando al Gobierno la ratificación del Convenio 189 de la OIT y la plena equiparación de derechos con cualquier otro sector laboral. Exigimos marcos de relaciones laborales y de negociación colectiva como en el resto de sectores y que se incorporen al régimen general de la Seguridad Social, eliminando el sistema especial.

Estas reivindicaciones son los ejes de la campaña que el sindicato ha puesto en marcha, que contempla diferentes acciones. La primera de ellas, una carta dirigida a la nueva ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en la que se insta a que en 189 días atiendan nuestras reivindicaciones y se abra un espacio de diálogo. En segundo lugar, reuniones con partidos políticos para que presenten mociones en las administraciones locales.

En el año 1980, cuando se aprobó el Estatuto de los Trabajadores, no se incluyó al sector del trabajo doméstico. Hubo que esperar a 1985 para regular la relación laboral, aunque con carácter especial. Este Real Decreto significó un avance en la lucha, pero no era suficiente, pues relegaba a estas trabajadoras a un estatus especial, sin equiparar sus derechos a los del resto. Tuvieron que pasar 26 años para que el empleo del hogar fuera incluido en el régimen general de la Seguridad Social, en el año 2011, pero aún manteniendo la particularidad de estar en un ‘Sistema especial de empleados de hogar’, el cual estaba previsto finalizar el año 2018. Pero el Partido Popular introdujo una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado que retrasa la plena integración de las trabajadoras del hogar en Régimen General hasta 2024. Lo que supone alargar cinco años más la discriminación de estas trabajadoras. Exigimos por tanto al nuevo Gobierno que enmiende los Presupuestos Generales del Estado para que se cumpla la ley, tal y como estaba previsto.

Ha llegado el momento de mejoras reales en los derechos de las trabajadoras. Hoy por hoy, 25 países en el mundo han ratificado el Convenio 189 de la OIT, siete de los cuales son del entorno europeo: Alemania, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Italia, Portugal y Suiza.

Es fundamental la ratificación de este Convenio para dignificar, sensibilizar y reconocer el trabajo realizado mayoritariamente por mujeres, muchas de las cuales son migrantes y en situación de mayor vulnerabilidad y precariedad laboral.

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