25

jul 2018

Una Ley esperada

25 de Julio de 2018. Juan Cruz, Daniel Patiño.

El movimiento sindical ha demostrado que tiene capacidad para influir en el desarrollo legislativo y situar a las personas y al trabajo en el centro de nuestras vidas. La Ley de Fomento de Responsabilidad Social, aprobada mayoritariamente con los votos del Govern del Botànic con las propuestas de enmiendas introducidas por CCOO y UGT, proporciona herramientas suficientes para hacer un poco mejor la vida a las personas trabajadoras de empresas prestan servicios para la Administración.


La expresión «Responsabilidad Social» proporciona 152.000.000 entradas en internet, de lo que se intuye la importancia de un sistema de regulación en todos los ámbitos de la compleja estructura administrativa de España. La Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020 (EERSE) aporta propuestas, que si bien parten de un sistema de soft law, códigos éticos y recomendaciones de buenas prácticas, ofrece pistas de la dirección que ha de aportar la contratación pública en las distintas administraciones en nuestro país. Según datos del Observatorio de Contratación Pública, esta alcanza una estimación del 20% del PIB, por lo que se constata la importancia de la Administración como eje dinamizador de la economía, el mercado interior y el empleo. Según estimaciones, alrededor de 6.000 contratos resultan licitados por las distintas administraciones de la Comunitat Valenciana.

En ese contexto, y tras un inacabable proceso parlamentario, se enmarca la aprobación de la Ley de Fomento de Responsabilidad Social (FRS). A pesar de que la Ley abarca diferentes aspectos muy relevantes en materia de comercio justo, lucha contra los paraísos fiscales, cuestiones medioambientales y sociales en todas sus vertientes, centraremos estas líneas en aspectos sociolaborales y su repercusión directa en las personas trabajadoras.

Lo primero que debemos destacar es que esta Ley, en materia sociolaboral, es de aplicación a la administración de la Generalitat, a la Administración local y a las universidades públicas valencianas, junto con el sector público de estas entidades.

Si bien la Ley prevé una serie de principios alineados con la EERSE, la Ley de FRS añade un aspecto proveniente de la reciente Ley de Contratos del Sector Público, por el que se introduce la obligatoriedad de la subrogación en la licitación ante el cambio de contrata, en una regulación y relación complementaria con los convenios colectivos o acuerdos de eficacia general. En paralelo, dispone la obligación de aplicar el convenio sectorial de referencia de la actividad licitada, o el de empresa si fuera más beneficioso, y la obligación de establecer en los contratos de prestación de servicios el número mínimo de horas y personas necesarios para el cumplimiento de un servicio de calidad y eficiente en virtud de ese contrato.

Estos tres aspectos, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, corrigen situaciones que se han venido produciendo, especialmente, en los últimos 10 años, y en los que el aspecto laboral quedaba relegado al último lugar en pos de la maximización de beneficios y cuestiones paralelas de dudosa legalidad, que inundan los tribunales y las portadas de periódicos. Y es que la apuesta firme de una creación de riqueza y empleo sostenible, inclusiva e integradora a toda la ciudadanía ha de verse reflejada en la contratación pública, y no limitarse a un mero gestor de licitaciones sin involucrarse en su repercusión.

A pesar de las dificultades habidas, el movimiento sindical ha demostrado que tiene capacidad para influir en el desarrollo legislativo y situar a las personas y al trabajo en el centro de nuestras vidas, y esta Ley, aprobada mayoritariamente con los votos del Govern del Botànic con las propuestas de enmiendas introducidas por CCOO y UGT, proporciona herramientas suficientes para hacer un poco mejor la vida a las personas trabajadoras.

En efecto, tras la aprobación de la Ley se abre un nuevo escenario en el que no todo vale y la contratación pública no puede ser una jungla laboral. Sin embargo, existen otros focos de reivindicación, vigilancia y control de la misma, y hay muchos intereses en liza. Estar alerta de la licitación de contratos menores y el destajo en la producción de los últimos meses, o ampliar los requisitos de transparencia y vigilancia en su ejecución. Por último, reivindicar la creación del tribunal autonómico de recursos administrativos contractuales, e introducir en el portal estadístico autonómico datos fehacientes de la contratación pública y el empleo que se deriva.

 

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