¿Para cuándo los derechos laborales en la contratación pública?
Entre la aprobación de la Ley 18/2018 para el fomento de la responsabilidad social y el Decreto 118/2022 que la desarrolla y regula la inclusión de estas cláusulas en la contratación pública, mediaron cuatro largos años. Parálisis, ineficacia, letargo, elijan el adjetivo que prefieran.
Lo cierto es que la puesta en marcha de esta normativa, que ha de servir para el establecimiento de criterios éticos, sociales, ambientales y de transparencia en la contratación pública y en el otorgamiento de subvenciones, ha sufrido un largo y tortuoso camino plagado de avatares que todavía continúan.
El pasado mes de noviembre, el DOGV publicaba una modificación en la fecha de entrada en vigor del Decreto 118/2022 aprobado el pasado mes de agosto y retrasaba su puesta en marcha seis meses más. Al parecer, desde la mayoría de consellerias se alega motivos técnicos para incumplir el plazo de tres meses que inicialmente fijaba la norma. Un retraso injustificable, planteado tan solo unos días antes del 16 de noviembre, fecha de entrada en vigor del decreto. Puesto que ya llueve sobre mojado, cuanto menos resulta un pretexto dudoso, pues era una cuestión sabida desde 2018, ya que la propia Ley de responsabilidad social preveía la obligatoriedad de implantar cláusulas sociales.
La demora deja inconclusa hasta los albores de la legislatura una medida clave para nuestra organización sindical, habida cuenta de que se dirige a asegurar la estabilidad en el empleo y los derechos laborales de las personas que prestan servicios para las administraciones públicas. Una condición sine qua non para garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos, al tiempo que se acaba con la precariedad laboral que puede suponer cada cambio de contrata. Un objetivo que ya planeaba sobre el importante ‘Acuerdo de materias concretas para la mejora de la economía y el empleo de la Comunitat Valenciana’, suscrito el 21 de marzo de 2021 por CCOO PV, UGT-PV y CEV. Una estimable conquista de la negociación colectiva tras seis largos años de avances y retrocesos que bien pudieron dar al traste con este pacto, incluido, entre medias, un acuerdo en 2018 entre sindicatos y Gobierno valenciano sin la patronal. En algunos aspectos, quizás los más destacables, el Decreto 118/2022, además de desarrollar la Ley de responsabilidad social, viene a elevar a rango de ley ambos acuerdos.
Asegurar la subrogación de personas trabajadoras que prestan servicios para la administración cuando no hay cobertura por convenio sectorial o en casos de reversiones de servicio público, así como la obligación de establecer cláusulas que garanticen la estabilidad del personal, es un salto cualitativo. Lo es, tanto por la cantidad de personas afectadas, como por el cambio de paradigma que supone modificar un modelo de contratación pública únicamente orientado a atender el precio, por otro que incorpore la dimensión ética, ambiental y social en la prestación de servicios públicos y, en consecuencia, más próximo a los estándares del trabajo decente.
El avance es considerable, aunque no significa que esté todo hecho. En una situación inflacionista como la que padecemos, cobra especial relevancia la necesidad de que la Administración garantice subidas salariales acordes a las recogidas en normas convencionales, incluso vía incremento del SMI. No plantearse fórmulas de revalorización de precios, supone de facto relegar a las empresas que entienden que la competitividad y el cumplimiento con los derechos laborales son un binomio perfectamente compatible, incluso inexcusable si se quiere hablar en términos de productividad y creación de valor añadido. Por esa razón, hemos trasladado al Gobierno del Estado, la perentoria necesidad de modificar la Ley de desindexación de la economía y la Ley de contratos públicos, que en la práctica están imposibilitando que las mejoras de los convenios colectivos lleguen a miles de personas trabajadoras que desempeñan su actividad en los sectores concertados con las administraciones.
Confiamos en que esta cuestión de la responsabilidad social en la contratación pública quede definitivamente bien resuelta. Tras prácticamente una década a vueltas con el asunto, seis meses más se me antojan un instante, aunque bien pudiera ser una eternidad.
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