De la reforma laboral a la de las pensiones
La reciente aprobación gubernamental del acuerdo sobre pensiones, negociado con los sindicatos y validado por la Comisión Europea, contrasta significativamente con el conflicto que sobre el mismo asunto se registra en Francia y otros países de la Unión al tiempo que culmina la modernización de este pilar básico de nuestro Estado de Bienestar, refuerza la equidad inter e intra-generacional del sistema y garantiza su sostenibilidad económica y social.
Se trata de la segunda fase de una reforma iniciada en julio de 2021, tras el acuerdo tripartito entre Gobierno, sindicatos y patronal, por el que se revertían los recortes impuestos unilateralmente por el Partido Popular en 2013 que supusieron entonces la práctica congelación de las pensiones (revalorización máxima del 0’25%) y preveían la progresiva pérdida de su poder adquisitivo (-20% en las siguientes dos décadas).
Se trata ahora de un auténtico cambio de paradigma (de recortar el gasto a incrementar los ingresos) que refuerza el carácter redistributivo del sistema (destope de la base máxima de cotización y aumento de las pensiones mínimas) y contribuirá a reducir la brecha de género y de precariedad contractual (nueva fórmula de cálculo para superar las lagunas de cotización por trayectorias laborales inestables), garantizando la actualización automática de las pensiones conforme al IPC (+8,5% en 2023), para los más de nueve millones de pensionistas actuales y por un monto total este año de 190.687 millones de euros, equivalente al 13 % del PIB.
Este acuerdo cierra el círculo iniciado con la reforma laboral y el aumento sostenido del salario mínimo (+47% en los últimos cuatro años), de manera que la mejora cuantitativa y cualitativa del empleo (688.000 ocupados más desde finales de 2021, de los que el 45,5% lo son con contrato indefinido) contribuye positivamente al incremento de los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social.
El efecto combinado de ambas reformas permite afrontar con mayor confianza y certidumbre la necesaria ampliación de la cobertura del sistema de pensiones en los próximos años, derivada del acceso al mismo de los baby boomers (generaciones nacidas entre 1957 y 1977) y todo ello sin necesidad de incurrir en la “voracidad recaudatoria” de la que acusa la derecha política y económica.
Efectivamente, la subida de cotizaciones de aquí a 2050 supondrá que el coste laboral pasará de 23,4 euros por hora trabajada a 23,8 (un incremento de 37 céntimos!). No parece excesivo (la media europea es de 33,8 euros/hora) y desde luego es mucho más justo para millones de personas, por lo que resulta difícilmente comprensible la oposición de quienes, con criterios más ideológicos que técnicos, auguran que la reforma de las pensiones asfixiará a las empresas e impedirá la creación de empleo…, lo mismo que dijeron en su momento contra la reforma laboral y el aumento del SMI y que la evolución de nuestro mercado de trabajo se encarga reiteradamente de desmentir.
Pere J. Beneyto. Coordinador del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la Comunidad Valenciana
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