La crisis económica y financiera que ha padecido este país ha tenido como consecuencia un retroceso en derechos laborales y sociales sin precedentes. Los servicios públicos esenciales como educación, sanidad o dependencia se han visto recortados sensiblemente, la reforma laboral ha tenido nefastas consecuencias en el mercado de trabajo y, para cerrar el círculo del llamado “austericidio”, las insuficientes prestaciones sociales y la falta de protección ante problemas como los desahucios o la pobreza energética han consolidado una situación de desigualdad social muy grave.

Lo sucedido este verano en el aeropuerto de Prat, el conflicto entre AENA, EULEN y los trabajadores de ésta última, no es más que una gota de agua en un océano repleto de abusos contra los derechos de los trabajadores a instancias de los gobiernos central, autonómico y local.

El paro y la precariedad definen el mercado de trabajo. La creciente tasa de temporalidad, el empleo a tiempo parcial, el aumento de la desigualdad salarial entre hombre y mujeres o las horas extras trabajadas, pero no pagadas, son algunos síntomas de que la salida de la recesión no alcanza a la clase trabajadora. En la comarca del Baix Vinalopó existen 32.426 personas registradas en el paro. Un 87,09 % de la contratación es eventual y mes a mes las cifras no varían significativamente. Por lo que tenemos un mercado laboral débil que no genera derechos.