30

sep 2010

¿Diálogo después?

30 de Septiembre de 2010. Paco Molina Balaguer

Paco Molina i Balaguer, Secretario General de CCOO PV


Cuando hace unos días el Presidente del Gobierno afirmaba que el 30 de septiembre el Gobierno estaría en disposición de volver a negociar con los sindicatos, me surgió espontáneamente el pensamiento de que seguían sin enterarse de nada.

La huelga del 29 de septiembre no es sólo expresión de un profundo desacuerdo por las medidas adoptadas por los ejecutivos en Europa, que el nuestro ha impuesto con particular rotundidad. Es un fin de etapa, porque con particular incompetencia e incomprensión, por salvar las apariencias ante una opinión pública encrespada, han cerrado todas las salidas y salen más descalificados como interlocutores en lo inmediato.

El movimiento sindical ha tomado nota de la incapacidad y la inconsecuente falta de voluntad del Gobierno para llevar adelante la anunciada regulación financiera en lo que les toca. Precisamente porque han acabado siendo víctimas de los especuladores sobre deuda pública de esos mismos mercados financieros.

De aquella primera apuesta por medidas "keynesianas" de intervención pública, hemos pasado a un par de medidas "de choque" para evitar el colapso de dos sectores: el inmobiliario y el bancario; y un plan de ajuste de reducción del déficit público, basado en la restricción del gasto sin tocar el capítulo de ingresos. Un plan claramente injusto y perjudicial para las personas más débiles (pensionistas, dependientes y parados...) que se ceba en capítulos de gasto necesario para mantener el cada vez más debilitado estado de bienestar. Eso sí, sus "mensajes a los mercados" incluían medidas de una "austeridad" superficial, inefectiva e injusta, como la congelación de los salarios a los empleados públicos. Los mejores mensajes son siempre los que "nadan a favor de la corriente"; ahorran análisis y explicaciones.

Interpretando la huelga general como una expresión momentánea de irritación por el desencuentro, creo que el Gobierno ignora aspectos fundamentales de un conflicto más profundo y de más larga duración. Desde los sindicatos hemos reiterado que no estamos ante una crisis financiera internacional, ni ante una crisis que afecte únicamente a los resultados económicos. Esta crisis afecta a la estructura económica en su conjunto y a la estructura social, que en los últimos años expresa la profundización de las desigualdades y la polarización social, el adelgazamiento de las clases medias y la creciente debilidad de nuestro estado de bienestar.

La reforma laboral no puede ser entendida como otras tantas "medidas de choque" coyunturales, en relación a las cuales los sindicatos pueden seguir negociando sobre sus ámbitos de aplicación (temporal, funcional, personal...). Son medidas concretas, porque de un cambio en las normas se trata, pero estructurales, en sí mismas y en lo que anuncian: cambian la tutela frente al despido individual y colectivo, las ayudas públicas a las situaciones negativas o de insolvencia empresarial, las exigencias al personal en situación de paro o en absentismo, el control sobre los instrumentos de intermediación privada en el mercado de trabajo...Recuerdan claramente la reforma del Estatuto de los Trabajadores del año 84, asimismo a iniciativa de un gobierno del PSOE, que introducía también medidas concretas, pero con cambios conceptuales generadores de dinámicas de fondo en las nuevas interpretaciones doctrinales. En la misma dirección de reforzamiento empresarial y no reversibles.

No se trata pues de un "desencuentro". Se anuncian, además, más reformas con la misma orientación social y "empresarializadora", en un contexto de "recortes" y de aligeramiento de las cargas y compromisos públicos: reforma de las pensiones, obviando acuerdos firmes (revalorización) y otros pendientes (convergencia de regímenes especiales en el general); anunciando retoques a la separación de fuentes de financiación y al uso del "fondo de reserva"...; amenazando con la reforma de la negociación colectiva. Justamente la falta de respeto del gobierno por recientes acuerdos en vigor no ayuda a que se le pueda considerar el mejor garante de la eficacia de la negociación colectiva. Un papel que le corresponde constitucionalmente (art.37.CE). De este modo, el gobierno ha cerrado la posibilidad y la credibilidad de nuevos acuerdos. El "Diálogo social" como estrategia sale tocado.

Creo, además, que si el movimiento sindical alguna conclusión saca de este conflicto es que no puede mantenerse en una dinámica de negociación como aquella en la que durante muchos meses estuvo inmerso: sin poder definir sus objetivos, con interlocutores que tampoco expresaban los propios o los cambiaban a la primera oportunidad, en medio de una campaña mediática que postulaba un acuerdo, independientemente de su naturaleza y de un "estado de opinión", jaleado por "expertos" como si fueran una "parte" más que pudiera sustituir a la representación directa que los sindicatos legítimamente ejercen y tienen reconocida.

La Huelga General, convocada, sí, por los sindicatos, es un llamamiento de éstos. Pero la reforma laboral cuestionada, afecta a todas las trabajadoras y trabajadores, a toda la ciudadanía porque modifica profundamente nuestro sistema de relaciones laborales y esto forma parte del "Estado Social", además de democrático y de derechos que consagra nuestra Constitución.

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