63 personas no volvieron a su casa al finalizar la jornada laboral
Que exista un Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo supone la constatación de dos realidades que conviven, por una parte, la conciencia de que las condiciones en las que el trabajo se lleva a cabo tiene consecuencias sobre la salud y la vida de las personas que lo desarrollan y, por otra, que hay una intención (que también es una necesidad) de actuar frente a ese problema.
Los datos estadísticos son necesarios para entender la magnitud del problema, aunque a veces, expresados como fríos números parecen ocultar la realidad que encierran. El año pasado se registraron 50.462 accidentes con baja en jornada laboral en el País Valencià. De ellos, 63 fueron mortales. 63 personas que no volvieron a su casa al finalizar la jornada laboral, 63 familias destrozadas.
El análisis de los datos muestra además, que la siniestralidad laboral sí entiende de clases sociales, que en unas actividades son mucho más frecuentes los accidentes que en otras, que la categoría profesional o el tipo de contrato tiene mucha más importancia de la que pudiera parecer. Es importante por ello insistir en que los accidentes de trabajo no son el resultado de una fatalidad inevitable, sino que tienen relación con la forma en la que se organiza y las condiciones en las que se lleva a cabo. Una persona con contrato temporal tiene un 75% más de riesgo de sufrir un accidente que con indefinido. La precariedad nunca es neutra y mucho menos cuando hablamos de salud laboral.
Pero los accidentes solo son la punta del iceberg, hay una realidad que apenas se ve y de la que casi nadie habla: las enfermedades profesionales. Desde el sindicato llevamos décadas denunciando su infrarregistro, la complicidad de los diferentes gobiernos a la hora de ocultar un problema que, mientras no se ponga encima de la mesa, no tendrá solución.
Más allá del complicado y limitado sistema de reconocimiento de nuestro país, resulta llamativo que, frente a los 50.462 accidentes de trabajo con baja del año pasado, tan solo se registrasen 1.039 partes de baja por enfermedad profesional. Si buceamos un poco más en los datos, observamos que de ese escaso millar de partes, 986 son causadas por agentes físicos (fundamentalmente posturas forzadas y movimientos repetitivos), mientras que las producidas por la exposición a agentes químicos, sustancias tóxicas o cancerígenas apenas tienen reconocimiento en el ámbito laboral y son consideradas como enfermedades comunes. En este sentido, un reciente estudio publicado por CCOO señala que “en 2021 solo se comunicaron 51 casos de cáncer laboral, 35 de ellos con baja, cuando se estiman unos 10.000 nuevos diagnósticos anuales de cáncer de origen profesional en España”.
En estos tiempos de pandemia se ha hecho evidente que la salud pública y la salud laboral deben ir de la mano. Además, que queda todavía mucho camino por recorrer en materia de prevención de riesgos laborales, como afrontar el grave problema de salud mental que hay en nuestra sociedad, agravado por la precariedad que se venía sufriendo en las últimas décadas. Solo unas condiciones de trabajo dignas y unos mecanismos que primen la estabilidad pueden ayudar a construir relaciones laborales propias de un país desarrollado del siglo XXI. Eso es lo que ha impulsado el sindicato con acuerdos como el de la reforma laboral o el de la subida del SMI.
Desde CCOO PV insistimos en que la prevención no puede considerarse un trámite burocrático que debe cumplir la empresa para evitar sanciones, sino que se trata de integrarla en todo el proceso productivo, dando participación a su plantilla, haciendo desaparecer los riesgos en su origen, garantizando que las personas que tenemos que trabajar para ganarnos la vida, no la perdamos en el intento. Se trata, en definitiva, de situar la prevención en el centro de la recuperación pospandémica, de hacer de la salud laboral un derecho fundamental.
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