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oct 2023

Por un crecimiento sostenido, sostenible e inclusivo que permita trabajo decente

10 de Octubre de 2023. Juan Carlos Gallart Limonge

En el curso de los años que van de década, que más o menos coinciden con la pasada legislatura, han ocurrido cosas muy significativas en materia de empleo. Ante un contexto socioeconómico complicado de imaginar, que incluye un parón completo de la actividad económica y, casi sin solución de continuidad, una inflación de dos dígitos insólita desde la crisis del petróleo de mediados de los 70 del siglo pasado, la creación de empleo en nuestro país ha propiciado un aumento de personas afiliadas a la Seguridad Social hasta cifras inéditas.


Al mismo tiempo que las crónicas del desastre se abrían paso en los noticiarios de todo el mundo, el Gobierno y las organizaciones sindicales más representativas pactábamos un conjunto de normas trascendentes que han cambiado la fisonomía de las relaciones laborales y los derechos de la mayoría social. La reforma laboral, el notable aumento del SMI o la vuelta a la revalorización de las pensiones a la referencia del IPC medio son medidas que han transformado la realidad de millones de personas, muchas de ellas expuestas a condiciones de vida y trabajo muy precarias. La ortodoxia neoliberal ha sido severamente cuestionada por hechos irrefutables. La reversión de los procesos desregularizadores, que han supuesto la devaluación de los derechos laborales en pro del seguimiento de la religión del mercado, ha resultado compatible con el crecimiento y la mejora de la calidad del empleo.

Si bien la determinación del Gobierno y agentes sociales ha sido una condición necesaria para tal avance, solo el viraje en la política de la UE la ha convertido en suficiente. Una vez pasada la situación de excepción de la pandemia, coincidiendo con el semestre de la presidencia de turno europea de nuestro país, la UE atraviesa un momento decisivo para reformular su gobernanza. La política de tipos de BCE y la vuelta a postulados rígidos amenazan con limitar los márgenes de las políticas públicas, las transiciones hacia un modelo productivo sostenible y la exigencia de una reforma fiscal sobre postulados más integradores y solidarios. Con viento europeo a favor, resultaría más fácil dar continuidad a los avances sociales el marco de la concertación, tras una probable conformación de gobierno de progreso, en cuya agenda negociadora ya hemos propuesto situar la reducción de la jornada a 35 horas, la fijación por ley del SMI en el umbral del 60% del salario medio, la regulación de las nuevas realidades del trabajo y profundizar en la reforma laboral para regular más sólidamente la jornada parcial y el régimen del despido, algo que siempre hemos considerado pendiente de abordar.

En definitiva, se trata de aprovechar el salto tecnológico y el aumento de la productividad que viene asociado para sentar las bases de un nuevo contrato social para el siglo XXI. Un crecimiento sostenido, sostenible e inclusivo que permita la creación empleo de calidad. Aunque queda mucho camino por recorrer, el objetivo parece algo más cerca esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente.

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