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ene 2024

Reforma laboral: suma y sigue

3 de Enero de 2024. Pere Beneyto

Se cumplen ahora dos años de la Reforma Laboral, resultante primerodel acuerdo entre sindicatos y patronal (23-12-2021) asumido luegopor el Gobierno (Real Decreto-Ley 32/2021, de 31 de diciembre) yposteriormente ratificado por el Parlamento (03-02-2022) en unavotación rocambolesca (oposición de la derecha y los nacionalistas,traición de UPN y error del diputado Casero).


Como sucediera antes con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la generalización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) durante la pandemia, la reforma fue acusada, inicialmente, de introducir rigideces en el mercado de trabajo que, al eliminar el contrato por obra y servicio, provocarían una contracción del empleo y consiguiente aumento del paro y de la economía sumergida, dada la estacionalidad de gran parte de las actividades productivas de nuestro país.

Pero ha pasado el tiempo y la evolución de las principales variables socioeconómicas no sólo impugna en la práctica las predicciones catastrofistas de la derecha política, mediática e incluso académica, sino que confirma los efectos positivos de una reforma que estaría produciendo un auténtico cambio de paradigma en la gestión del mercado de trabajo y las relaciones laborales de nuestro país.

En un contexto de gran incertidumbre (post-pandemia, dos guerras en el entorno próximo, crisis energética y tensión inflacionaria) los cambios normativos y el escudo social desplegado por el Gobierno, en colaboración con los agentes sociales, han posibilitado que nuestro país sea el que registra un mayor crecimiento del PIB y del empleo en la Eurozona.

Por lo que se refiere específicamente al empleo, durante estos dos años la población ocupada se ha incrementado en 1,2 millones hasta alcanzar el máximo histórico de 21.265.900 personas trabajando, al tiempo que la tasa de paro caía del 14,6 al 11,8 por cien, siendo aún mayor la reducción del paro juvenil (del 57,5 al 27,8 por cien).

Pero no sólo aumenta la cantidad de empleo sino también su calidad: hay ahora 3,1 millones más de afiliados a la Seguridad Social con contrato indefinido que en diciembre de 2021, habiéndose reducido la tasa de temporalidad contractual del 26,1 al 17,2 por cien. Sólo desde el clasismo de quienes desprecian cuanto ignoran puede negarse la importancia que, para la vida de millones de nuestros conciudadanos, implican dichos cambios.

El fuerte dinamismo del mercado laboral contribuye a reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones (crecimiento del 10,3% interanual de las cotizaciones sociales), lo que ha hecho posible estos dos años la revalorización de las mismas conforme a la inflación parasus once millones de perceptores.

Otro tanto ha sucedido con el SMI que se ha incrementado un 47% hasta situarse actualmente en los 1.080 euros mensuales en catorce pagas, que reciben casi dos millones y medio de trabajadores, sin que haya constancia alguna de los efectos negativos sobre el empleo que preveían los agoreros, sino que su contribución positiva en términos de protección social y estímulo al consumo avalan su necesaria ampliación en cumplimiento de lo establecido por la Carta Social Europea que aconseja su fijación en torno al 60% del salario medio.

El compromiso gubernamental de aumentar la protección de los colectivos más vulnerables incluye, asimismo, la reforma de las prestaciones por desempleo recientemente aprobada (RD-L 7/2023,de 19 de diciembre) que amplia el número de perceptores y la cuantía del subsidio, así como la expansión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que llega ya a 736.000 hogares en los que viven más de dos millones de personas.

Por su parte, los requilibrios que la reforma laboral introdujo en la negociación colectiva y el posterior acuerdo entre patronal ysindicatos (AENC) está facilitando la ampliación de su cobertura (12,5millones de trabajadores y 850.000 empresas) y la recuperación progresiva del poder adquisitivo de los salarios erosionado por la alta inflación registrada en 2022.

Y es ahora, cuando se inicia una nueva legislatura caracterizada por las tensiones identitarias cuando resulta aún más justo y necesario el despliegue de la agenda social del Gobierno progresista que incluye importantes compromisos en materia laboral, desde la negociación deun nuevo Estatuto del Trabajo al plan de choque contra el paro de larga duración, pasando por la reducción de la jornada, el reforzamiento de las políticas activas de empleo y la regulación de la participación de los trabajadores en la empresa, con el objetivo de compatibilizar el crecimiento económico con la democracia industrial y la justicia social.

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