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19

may 2009

¿Está gobernando la Iglesia católica y el Opus Dei a las mujeres valencianas?

19 de Mayo de 2009. CCOO PV


El Gobierno Valenciano está favoreciendo que los recursos públicos se destinen a potenciar las propuestas de un sector de la sociedad minoritario y que representa posturas patriarcales y discriminatorias para las mujeres. Así ha ocurrido al avalar la iniciativa legislativa popular presentada por un grupo de personas de claro sesgo católico ultraconservador sobre una ley antiaborto. Además les van pagar entre 12.000 y 19.000 euros como compensación por los gastos.

A la vista está que el presidente Camps y el vicepresidente social Juan Cotino dan una menor importancia a los problemas que tenemos la mayoría de las personas. Muestra de ello es la prisa que tienen por aprobar una ley sin que pase por el preceptivo informe del Consejo Jurídico Consultivo y por el Consejo Económico y Social, pues ha sustituido la propuesta de los grupos antiabortistas por un texto similar al de su anteproyecto de ley de Protección a la Maternidad, jugada que les permite evitar los controles de los órganos consultivos. Con la mayoría absoluta del Partido Popular en las Cortes Valencianas, antes de un mes, si nadie lo remedia, nos impondrán una ley que, entre otras cosas, merma los derechos de ciudadanía de las mujeres valencianas. En el texto no aparecen posibilidades de prevención, no se habla de educación sexual, afectiva y reproductiva en las escuelas, no quieren ni oír del acceso libre y gratuito de los métodos anticonceptivos y utilizan un lenguaje tendencioso que criminaliza a las mujeres que abortan y que crea confusión y desazón en aquellas mujeres que se ven obligadas a interrumpir su embarazo. En definitiva, no garantizan que decidan libremente sobre su maternidad. Es inmoral, por otra parte, que se les intente comprar como vientres de alquiler, induciendo a dar al bebé en adopción, aprovechándose de sus necesidades económicas y con promesas de apoyo por unos meses.

Sin embargo, Camps no tiene ninguna prisa en cumplir con los compromisos adquiridos con los agentes sociales y económicos. El Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (PAVACE II) incluye cuestiones que afectan muy directamente a las mujeres. El acuerdo recoge medidas dirigidas a mejorar y ampliar el sistema educativo de 0 a 3 años, una mayor cobertura en las prestaciones sanitarias y la puesta en marcha de la ley de Renta Garantizada de Ciudadanía (para la que ya había seis millones de euros previstos en 2008 y que nadie pudo cobrarla). El Pacto también contempla corregir las situaciones de violencia contra las mujeres y facilitar los medios pertinentes para prevenir y ayudarlas a salir de estas situaciones. Para este fin, en realidad se está destinando menos dinero a casas de acogida, ayuntamientos y diputaciones y no se buscan salidas laborales ni formativas.

Otra de las medidas es potenciar la implantación de los planes de igualdad en las empresas y hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Este año el presupuesto destinado a este fin ha menguado un 85%. Si el Gobierno valenciano habla de protección a la maternidad debería intervenir con medidas punitivas y contundentes en aquellos casos en los que las mujeres son despedidas por estar embarazadas o por solicitar el derecho legal de reducción de jornada. Hasta ahora no conocemos ninguna implicación del Consell en estos hechos, que se producen día a día.

El Gobierno Valenciano comete un grave error político con esta ley tendenciosa, fruto de un enfrentamiento constante con el Gobierno central, de un servilismo hacia la jerarquía eclesiástica a la que sirve de correa de transmisión y de una moral rancia y trasnochada que criminaliza a todas las mujeres que deseen decidir libremente sobre su embarazo. Está demostrando que no tiene ningún interés por ejercer políticas sociales, laborales y económicas que son las que estamos esperando las madres y las que no quieren serlo, las trabajadoras y las paradas, las estudiantes y las universitarias, las dependientes y las autónomas, las mayores y las jóvenes, las lesbianas y las bisexuales, las creyentes y las ateas. En definitiva, el presidente Camps está gastando el tiempo parlamentario y el dinero público en favorecer a unos pocos en vez de invertir en los servicios públicos para que sean eficaces y de calidad para mejorar la vida de las personas, las familias y la salud de nuestras empresas.

Publicado en Levante-EMV

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