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5

jun 2009

La gestió dels residus al País Valencià: un desastre anunciat

5 de Junio de 2009. CCOO PV


Tot i que el Dia Mundial del Medi Ambient hauria de convidar-nos a celebrar èxits i avanços en la salvaguarda dels ecosistemes i els recursos naturals, els valencians no estem per a festes. El Govern valencià continua mancat de polítiques serioses, eficaces i creïbles. Més enllà de la propaganda, hàbilment utilitzada, ens trobem davant l'abisme, el no rés. N'hi ha prou amb un exemple.

En l'any 1997 es feia públic el primer Pla Integral de Residus (PIR) al nostre país, per la necessitat d'establir un marc estratègic de gestió integrada i coordinada dels residus i l'objectiu de garantir la salut humana, la defensa del medi ambient i la protecció dels recursos naturals. El PIR va ser dissenyat per a ser executat amb un pressupost de 180 milions d'euros en el període 1997-2002, data en la qual hauria d'haver sigut revisat, corregit i adaptat a nous reptes i demandes socials i ambientals, amb millor tecnologia, millors tècniques disponibles i més agosarats objectius de minimització, reciclatge i substitució de tòxics.

Dotze anys després de la seua aprovació, la situació al País Valencià podem sintetitzar-la en tres fets lamentables: la manca d'inversions que ha presidit la gestió pública dels residus, i que la mateixa Conselleria de Medi Ambient admet en no haver executat més enllà del 50% del pressupost inicial; el desgovern alimentat per l'administració valenciana i les intencions manifestades com a decisions irreversibles d'escometre un ambiciós pla d'incineració de residus. Tot això decidit pel seu compte i al marge dels processos de participació pública a què obliga la llei.

La participació i la transparència com a dret de la societat en les decisions públiques que li afecten no és una qüestió menor, al contrari. Constitueix un dels eixos vertebrals de la democràcia. Quan es tracta de matèria ambiental, a més, aquest dret està fonamentat en legislació europea i espanyola que emana del Conveni d'Aharus subscrit per l'Estat espanyol. No atendre els mandats d'aquesta legislació podria tenir fins i tot conseqüències jurídiques greus i, en tot cas, deixa palés el menyspreu de les autoritats ambientals valencianes cap a la societat i les seues organitzacions sindicals i socials.

El desgovern, la manca d'inversions i la intenció feta pública d'incinerar un milió i mig de tones de residus a l'any marquen un full de ruta ben preocupant. Així, mentre moltes comunitats autònomes renuncien a la incineració i introdueixen criteris de sostenibilitat en la gestió de residus, nosaltres ens convertirem en l'autonomia capdavantera en incineració amb una quarta part de tots els residus incinerats a Espanya. Són fets que conformen una estratègia, un objectiu. Acabada l'orgia del formigó, és clara la intenció de seguir transferint recursos econòmics públics al sector privat, que se'n beneficiarà finalment del festí malbaratador dels plans d'incineració.
Així les coses, sense veritable consulta transparent i pública, sense participació dels agents socials, sense justificació de les fraccions incinerables, sense política de minimització de residus mentre els exportem a altres comunitats autònomes, amb decisions unilaterals contràries a dret, ja li avancem al Govern que no podran defugir el conflicte social. La societat va parar els intents d'incineradores a Bunyol i a la Vall d'Alba, i altra mostra ben palesa la tenen en el conflicte actual per la instal·lació d'una planta d'incineració de plasma per a residus industrials de la pell i del calçat a Monòver, on la forta resistència social i institucional està a punt de fer fracassar el projecte.

En CCOO PV preferim la concertació al conflicte, conscients que aquest és el millor camí per a la resolució de problemes en una societat establerta sobre sòlids principis democràtics, com hauria de ser i no és la valenciana. Més encara quan les polítiques ambientalment més respectuoses en el tractament de residus, fonamentades en la separació en origen, la minimització i el reciclatge són les que generen més ocupació, més estable i de més qualitat i preserven més recursos naturals, contràriament a la incineració a gran escala que s'hi pretén. És responsabilitat del Govern, en compliment de la legalitat, obrir el camí perquè aquesta concertació i participació en la presa de decisions es produïsquen. Entesos?

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