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feb 2010

Inmigración y demagogía

4 de Febrero de 2010. CCOO PV


Como una avalancha de nieve, los medios de comunicación se han hecho eco de quienes se dedican a hacer ruido en torno a la inmigración. Y digo ruido, no información pedagógica sobre los beneficios que reporta al conjunto del país la permanencia aquí de cinco millones y medio de personas llegadas de fuera de nuestras fronteras. Son las insistentes voces que demagógicamente asocian la inmigración a cualquier problema que no pueden calibrar.

Si hablamos con expertos en demografía, la presencia de inmigrantes arroja saldo positivo para nuestro país; si hablamos con los que entienden de PIB, parece que desde el año 1998 el saldo es favorable a España; si observamos la riqueza que aporta la multiculturalidad, parece que también es beneficioso. Y si nos preguntamos por qué todavía nuestros jubilados siguen cobrando pensiones, quizás algo tenga que ver los dos millones de inmigrantes que cotizan y no cobran pensión.

Sin embargo, algunas de estas voces hablan de cómo los inmigrantes invaden nuestros servicios sociales, centros de salud y educativos, los que se apropian de las prestaciones... Respecto a los centros de salud, no hay más que darse una vuelta por ellos: la inmensa mayoría son personas mayores y los inmigrantes son jóvenes y en edad de trabajar. También podemos observar a personas extranjeras europeas, que hacen uso de nuestro sistema de salud pero cotizan en sus países de origen. En materia de educación, todos los expertos señalan a la diversidad como elemento que favorece el intercambio y la riqueza cultural. En cualquier caso, habría que preguntarse - tengo serias dudas al respecto- si desde las diferentes administraciones públicas se está dotando de medios suficientes a estos servicios para atender a una población cada vez más heterogénea y numerosa, que contribuye con sus cotizaciones y obligaciones, como cualquier persona autóctona.

¿Hay políticas de integración social en ese país? Rotundamente, no. Hay Ley de Extranjería, control de flujos, y sobre todo, ruido mediático, especialmente en tiempos cercanos a procesos electorales, cuando el reparto de un arma letal como es la televisión crea estados de opinión que no tienen absolutamente nada que ver con lo que acontece en el día a día, sino que alimenta el desarrollo de tópicos, estereotipos y prejuicios negativos sobre la inmigración.

Es un insulto a la inteligencia escuchar a insignes dirigentes políticos hablar sobre cómo se han hecho y se hacen en este país políticas de `papeles para todos'. Por favor, electoralismos y demagogias háganlas (si es que tanto las necesitan para fabricar sus ilustres discursos) con cuestiones que no sean tan sensibles como la inmigración. Si esta afirmación fuese cierta, no habría ninguna persona en situación administrativa irregular. Y lo más grave, es que quienes hacen estas afirmaciones, saben perfectamente que son falsas.

Lo cierto es que hay varios cientos de miles de personas en España que no pueden tener `papeles' porque existe una Ley de Extranjería que se lo impide. Desde luego que quienes más impedimentos ponen para facilitar la regularización y la integración son los que luego, en la práctica, suelen contratar en sus empresas o en sus domicilios, a personas inmigrantes en condiciones infrahumanas y de explotación, intolerables en un país democrático y de derecho. Por un lado reclaman regulación de flujos migratorios; por otro, impiden dicha regularización propiciando endurecer las leyes que debieran regularlos.

En este contexto, van encaminadas las propuestas de no empadronamiento en Vic y en otros ayuntamientos. Propuestas que además de ilegales, son irresponsables por el momento en el que se plantean, de recesión económica y de crisis generalizada, porque son abono de xenofobia y racismo, pudiendo culminar en brotes de violencia entre personas de diferentes culturas.

No. Por ahí no van los planteamientos correctos en materia de inmigración. En CCOO PV creemos que los flujos migratorios deben estar ligados al mercado laboral, pero esto no significa que el mercado tenga que hacer las normas y las leyes. Estas normas y estas leyes tienen que estar supeditadas al bienestar de las personas y por tanto, los responsables políticos deben legislar con el objetivo prioritario de preservar sus derechos fundamentales. Todo ello pasa por leyes que regulen la inmigración, pero flexibles, razonables, humanas, efectivas. En definitiva, que promuevan una efectiva integración social, encaminada de manera bidireccional, hacia el intercambio entre todas las personas que convivimos en un mismo espacio social.

Publicado en Levante-EMV

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