21

may 2012

Carta abierta al conseller de Sanidad, Luis Rosado

21 de Mayo de 2012. Luis Arturo Leon Lopez

Artículo firmado por Arturo León, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV y sus homólogos en FSP-UGT-PV, Miguel Usó, CEMSATSE-CV, Andrés Cánovas y en USAE-CV, Yolanda Gil.


Que el país y nuestra Comunidad Valenciana están atravesando una situación de gran dificultad en lo social y en lo económico es una obviedad, así como que, derivado de dicha situación, las administraciones deban hacer un ejercicio de austeridad y de mejora de la eficiencia con los recursos públicos, es una responsabilidad y un deber moral de los gobernantes y de todas las personas de bien.

Bien distinto es que con esta situación económica y financiera, el Gobierno Valenciano aproveche para desmantelar los servicios públicos, especialmente el sanitario.

Argumentan que el sistema sanitario es insostenible, pero no es verdad. España destina al gasto sanitario un 2% menos que lo que destina la media europea y, concretamente, la Comunidad Valenciana es de las últimas en gasto sanitario por habitante.

Y aún así, a pesar de los déficits de recursos, disponemos de un gran sistema sanitario público, instrumento de cohesión de la sociedad que garantiza la prestación sanitaria en igualdad. Sistema que da empleo de calidad a cerca de 500.000 profesionales (56.000 en la Comunidad Valenciana); que genera cerca del 10% de la economía en nuestro país; y que es motor principal de investigación, innovación y desarrollo.

Es por ello que no estamos dispuestos a admitir medidas que pongan en serio peligro al sistema sanitario público valenciano.

Las propuestas de nuestro gobierno están generando alarma tanto entre profesionales como a la sociedad en general. Recordemos: en enero se publicó el Decreto Ley 1/2012, que ha supuesto (además de un incremento de la presión fiscal y una merma de derechos laborales) una importantísima rebaja salarial a los profesionales y la posibilidad de acometer un plan de empleo que reduciría el tamaño de las plantillas de las instituciones sanitarias. Dicha rebaja de salarios, además, es destacable porque se realiza en un complemento que retribuye el compromiso de los profesionales con los objetivos de la organización, la investigación y la docencia.

Así mismo, se están llevando a cabo medidas de reducción del gasto que afectarán a la cantidad y a la calidad de las prestaciones: por la reducción de servicios en urgencias y emergencias; en la atención primaria; las guardias; los servicios centrales;  o la introducción de sociedades mercantiles para gestionar los centros de salud. Así es, aunque usted, señor conseller, lo niegue.

Recientemente se ha anunciado la puesta en marcha del "modelo de gestión compartida". Argumentan que se trata de ahorrar cantidades muy importantes de dinero público, en la gestión de servicios ya externalizados y de carácter no asistencial. Afirman que la provisión de la asistencia seguirá siendo pública y que el personal no se verá afectado por dicho modelo. 

Pues bien, hay muchos motivos para no creerles. Las competencias dadas a la dirección del proveedor privado, la situarán, formalmente, al mismo nivel que la dirección pública del área asistencial e intuimos que, debido a las funciones que ejercerá en materia de compras, logística y de eficiencia, de facto supondrán la primacía del gestor privado sobre las decisiones de la dirección asistencial.

Los empleados públicos de los servicios cuya gestión se privatice por la implantación del modelo de gestión compartida se verán afectados. Los fijos porque dependerán funcionalmente del gestor privado y los interinos porque tendrán que pasar a prestar sus servicios para la empresa, en el mejor de los casos, o porque se amortizarán sus plazas y perderán sus empleos, en el peor. La reducción de costes por parte del gestor privado y la mejora de los ingresos de las arcas públicas están por demostrar.

En todo caso, señor conseller, ¿quiere usted hacernos creer que los gestores públicos no son capaces de rebajar los costes de los servicios externalizados y uno privado sí? Pues si eso es así, permítanos que le digamos que eso deja en muy mala consideración a los actuales gerentes y directores de los departamentos de salud y, personalmente, a usted que ha desempeñado distintas responsabilidades en las instituciones sanitarias. Y, por eso, debería dimitir.

Las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Sanidad CEMSATSE, UGT, CCOO y USAE nos oponemos a la instauración de este nuevo modelo de gestión, porque entendemos que supone un primer paso hacia la generalización de la gestión privada de toda la sanidad pública. Estamos convencidos de que las empresas adjudicatarias no se conformarán con gestionar sólo la parte no asistencial y que, progresivamente, irán asumiendo nuevas parcelas de gestión incluyendo las de carácter asistencial, objetivo compartido por nuestro actual Gobierno Valenciano y que a duras penas, intenta ocultar a la ciudadanía y al personal de la sanidad pública valenciana, con eufemismos y con argumentos falaces.

 

En todo caso, los representantes del Consell deben saber que el personal de la sanidad y la sociedad valenciana en su conjunto no olvidarán que quienes recibieron la confianza de la ciudadanía para administrar y gestionar los recursos públicos, son los responsables de la actual situación social, económica y financiera y del devenir de la sanidad pública. Tarde o temprano tendrán que asumir la responsabilidad política por el daño causado.

Señor conseller, recapacite y convoque con carácter urgente a la Mesa Sectorial de Sanidad para negociar y plasmar las garantías de la provisión pública del servicio, la no privatización del mismo y el mantenimiento del empleo y de los derechos laborales.

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