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ene 2014

Reformar para penalizar la autonomía de las ciudadanas

29 de Enero de 2014. Maria Del Mar Vicent Garcia

Por Mar Vicent, secretaria de la Dona de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO PV.


Tenemos un Gobierno que no improvisa, sino que, reforma tras reforma, está diseñando un país a la medida de unos pocos, sustentado en el castigo a la inmensa mayoría. El ansia reformista es de tal calibre que, allí donde actúa, ya no crecen los derechos, mueren los principios básicos de convivencia y agoniza el estado de bienestar.

Ese empeño es el hilo conductor capaz de entrelazar iniciativas aparentemente distantes como la reforma de la ley del aborto y la reforma de los ayuntamientos. Sus efectos acumulados resultan letales para la ciudadanía en general y para las mujeres en particular.

Sobre la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local se argumenta que es necesaria para ahorrar y racionalizar la estructura administrativa. Pero sus medidas no implican ningún aumento de eficiencia o disminución del gasto, limitándose, en la mayoría de casos, a la privatización de los servicios públicos municipales. Permitir este lucrativo negocio de más de 45.000 millones, supone la pérdida de competencias de los ayuntamientos, recorta todavía más la cartera de servicios prestados a la ciudadanía y ahonda en la desigualdad.

Entre otras muchas cosas, la #ReformaLocal suprime las competencias en materia de igualdad que desde 1985 tenían los ayuntamientos. La lucha contra la violencia de género, las campañas de sensibilización, asesoramiento jurídico o mecanismos de protección inmediata pasarán a ser ubicados allí donde se les antoje, más lejos y menos accesibles.

La Ley de Protección de la vida del concebido y de derechos de la embarazada es un ataque frontal a los derechos de las mujeres, una victoria contundente de las políticas más retrógradas de nuestra historia. La nueva norma impone la injustificable humillación de depender de la autorización ajena para llevar a término una decisión siempre insatisfactoria. Prolonga innecesariamente un doloroso proceso, que incluye la exposición pública de cuestiones privadas e íntimas. Y se convierte en una burla intolerable cuando se argumenta su efecto positivo en la economía "por los beneficios esperados por el incremento de la natalidad" .

No sólo es éticamente cuestionable sino una estafa inmoral su intento de  forzar una decisión de este calibre anunciando unas ayudas para la protección de la maternidad cuya existencia y disponibilidad está por ver. Porque la ley prevé la entrevista obligatoria de  las mujeres con el personal de los servicios sociales de su localidad, pero omite informar de que éstos no existen o han sido suprimidos por la #ReformaLocal.

En dicha entrevista deberán informarlas de la existencia de ayudas públicas a la maternidad omitiendo su carácter virtual, su tardanza, su ínfima cuantía y su complicada accesibilidad. La opción de la entrega para el acogimiento o la adopción no incluirá la descripción de la falta de recursos y medios que sufren estos servicios, por no hablar de la realidad de las Casas de Acogida.

Por todo ello, ambas reformas confluyen en un solo efecto: penalizar a las mujeres negándoles  recursos, arrebatándoles su capacidad de decisión y su autonomía. Es una  involución descarada que nos devuelve a una sociedad caduca y hostil, donde nuestro espacio obligatorio y nuestra única ocupación, nunca remunerada, sea el doméstico. Donde traigamos al mundo los hijos e hijas que el capital necesita para asegurar la renovación de mano de obra dispuesta para la explotación.

Este Gobierno considera a las mujeres ciudadanas de segunda fila, necesitadas de tutela y privadas de cualquier proyecto personal o profesional. Hay que darle la respuesta que merece  desde la inteligencia, el coraje y la unidad de acción.

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