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jun 2016

El pràcticum sanitari

7 de Junio de 2016. J. Manuel Quixal

Portem uns dies que en la premsa no paren d’aparéixer informacions respecte a la decisió del Consell sobre les pràctiques de medicina, infermeria, i altres estudis de ciències de la salut als hospitals públics del sistema valencià de salut, fonamentalment per part dels representants de les empreses privades que, per descomptat legítimament, han decidit dedicar-se al negoci de la salut. Arguments hi ha per a tots els gustos, però per molt que es vulga argumentar, només faltaria que un empresari muntés una empresa per perdre diners.


Pel que es pot entendre de les queixes, pareix que en la creació d’aquestes propostes de negoci ja es donava per descomptat que aquesta etapa formativa –la de les pràctiques- els resultaria gratuïta partint del vell aforisme que “el de tots és per a tots” i com que tot el que és públic és gratis, el sistema públic hauria d’assumir –òbviament sense cobrar- aquesta despesa causada per empreses privades les quals, evidentment, cobren la matrícula d’eixes pràctiques al seu alumnat. Una forma més de confondre allò que és públic amb allò que és privat (i de fer caixa) a la qual poquet a poquet pareix que se’ns haja volgut acostumar.

També veiem en la premsa que es volen reprendre les obres del pavelló a l’Hospital Provincial que, pel que diuen, es destinarà a centre de dia d’atenció oncològica. El canvi de criteri és bo i així ho defensem. La idea amb què es va iniciar el projecte era fer un aulari (òbviament pagat amb diners públics) que, presumptament, també serviria per a donar classes a l’alumnat d’infermeria privat. Un altre exemple de la confusió entre públic i privat que dèiem abans.

No estem parlant que l’alumnat d’aquestes empreses privades no tinga el dret de fer les seues pràctiques als centres públics i, per la qual cosa es puga al·legar que és discriminat. Estem parlant que això es faça complint les lleis en vigor i, naturalment, amb convenis transparents d’aquestes empreses amb el sistema valencià de salut que, evidentment, incloguen l’assumpció dels cànons necessaris per a fer front a les despeses que aquestes pràctiques puguen ocasionar (inclosa la seguretat jurídica de l’alumnat, cosa que pareix que no preocupe a ningú). Tot això sempre després d’haver assumit –és la norma- les pràctiques de l’alumnat de l’ensenyament públic que per qüestions més que evidents en un sistema públic, té, o si més no, hauria de tenir preferència.

D’altra banda també s’hauria de veure com es conjuminen les pràctiques en els centres públics amb les consignes que apareixen en els documents d’aquestes empreses privades sobre el seu model:

“... Ser metge amb els valors ètics i morals basats en les reflexions i en els principis de l’humanisme cristià” Com si el sistema públic no tingués valors ètics i morals. Després de combatre acarnissadament les pràctiques que són norma legal als hospitals públics es demana de fer les seues pràctiques en aquests. Com ens ho fem respecte a qüestions tan importants com el dret a la vida i a una mort digna, a la interrupció –legal- de l’embaràs, a les cèl·lules embrionàries...? Sense anar gens lluny ahir mateix, una d’aquestes empreses docents qualificava, encara, l’homosexualitat com una malaltia. Parafrasejant Marx (Groucho): aquests són els meus principis. Si em fa un bon preu, en portaré uns altres.

No és desconegut per a ningú el suport donat pels poders públics castellonencs dels darrers anys (Ajuntament, Diputació i Consell) a aquestes iniciatives que fins i tot obligaven a iniciar els estudis de medicina i infermeria a la Jaume I un any després (a la fi en serien 2) d’haver començat a la privada (amb la qual cosa quan tu arribes a les pràctiques, la privada ja porta allí dos anys) i que l’última de totes la del Govern Camps abans d’anar-se’n va ser l’augment unilateral del numerus clausus a aquestes empreses sense ni tenir en compte la dificultat que s’afegia a l’hora de planificar unes pràctiques que comencen a estar rebentades. L’operació era simple: més alumnat, més ingressos. Si després hi ha problema als hospitals, ja s’ho faran els que vindran.

És correcte que sense un conveni que no vorege la llei o, simplement, l’obvie, que es pose per davant, a propòsit, l’ensenyament privat (ací no volem presentar el fals paradigma públic contra privat sinó com s’ordena la qüestió) i sense tenir clar els uns i els altres els costos que es generen, es continue amb el sistema establit? O el que cal és posar ordre, garantir els drets de tots i aconseguir un model de pràctiques que englobe tothom –inclosos els professionals i els malalts- i que cadascú se’n faça càrrec de la seua part?

Ah, i per cert, l’accés igualitari a la formació sanitària en instal·lacions públiques, la tenen totes i tots garantit després d’aprovar el MIR.

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