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dic 2016

Vulneración del derecho a la negociación

22 de Diciembre de 2016. Maria Soledad Fernandez Cano

La coherencia y responsabilidad social exigibles al Gobierno valenciano, expectativas acentuadas por su condición progresista, implica el respeto a los marcos de negociación colectiva, así como a los acuerdos adoptados respecto a las personas que trabajan bajo su responsabilidad prestando servicios públicos.


Sin embargo, cada Conselleria está imponiendo sus propias líneas y prioridades, en algunos casos, incluso contradictorias. Aunque el 17 de junio de 2016 el Consell ratificó el Acuerdo para la legislatura aprobado en la Mesa General de negociación de 9 de junio, los hechos apuntan a que los contenidos suscritos no fueron aceptados por todo el Gobierno valenciano.

Esta afirmación se basa en la toma de iniciativas opuestas al cumplimiento de lo acordado, bien directamente desde algunas Consellerias, bien canalizadas a través de los grupos parlamentarios que dan soporte al Gobierno del Botànic.

Mientras siguen pendientes de constitución las comisiones de estudio de reversión de servicios externalizados, alguna Conselleria ya realiza modificaciones, sin negociación, en sistemas de prestación de servicios. Sirva como ejemplo las realizadas en el ámbito de atención a la mujer y a la dependencia.

Mientras en la negociación del Acuerdo se negó la posibilidad de incluir la percepción de la carrera al personal interino de los sectores dependientes de la Mesa General, en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana se ha incluido la percepción de las cuantías por este concepto, pero solo para el personal interino docente.

La Conselleria de Igualdad impone el incremento de jornada del personal de servicios sociales para computar más tiempo de trabajo en atención directa, pero argumenta que el objetivo es disminuir la brecha salarial existente en estos colectivos, mayoritariamente feminizados.

La Conselleria de Educación promueve un Decreto que impone la comunicación en valenciano entre el personal de la Administración Autonómica y desde el SERVEF se promueve la creación de una nueva escala de personal, todo sin que se haya abierto la nueva negociación de la Ley de La Función Pública Valenciana que, entre otras, debe regular estas cuestiones.

Con este mapa que, como ocurría con el anterior Gobierno de Rajoy, obliga a hacer un seguimiento exhaustivo de cada iniciativa normativa y de cada actuación, cada vez parece mas claro que no hay una política unificada en el Consell respecto a los servicios públicos, su prestación y las condiciones en las que se prestan.

Parece que las cuestiones que no son plenamente compartidas, se promueven de forma parcial, cada cual como puede, sin negociación colectiva, e incluso instrumentalizando a los grupos parlamentarios. Y esta línea se mantiene a pesar de que las contradicciones generadas sean cada vez más visibles.

No debe resultar fácil gobernar en coalición, pero es imprescindible respetar la normativa y los derechos de negociación colectiva y actuar como una voz única. Cumplida casi la mitad de la legislatura, este Consell debería recoser las costuras por las que pierde credibilidad y coherencia.

Coherencia que debe ser seña de identidad en un gobierno progresista que sea respetuoso con la negociación colectiva y el papel de las organizaciones sindicales, autoimponerse el cumplimiento de los acuerdos que suscribe, y sobre todo, desde las partes que componen el Gobierno no buscar subterfugios para imponer criterios parciales, que generan contradicciones con los comunes.

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