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ene 2017

Banco Sabadell parece respaldar la estrategia de Ribera Salud contra la reversión de concesiones sanitarias

25 de Enero de 2017. Arturo León López

El Banco Sabadell junto con Centene Corporation participa al 50% de Ribera Salud, accionista mayoritario de la UTE que gestiona las concesiones sanitarias de la Comunidad Valenciana y que, con motivo de la finalización del contrato del departamento de La Ribera, está desarrollando una estrategia de confrontación con el Gobierno valenciano que va más allá de las reglas del juego limpio.


En 1999 el Gobierno del Partido Popular puso en marcha la concesión administrativa de Alzira. Una fórmula de gestión privada de la sanidad pública sustentada por la Ley 15/1997 sobre Habilitación de Nuevas Fórmulas de Gestión de la Sanidad. Un modelo de gestión que se ha desarrollado durante 18 años en la Comunidad Valenciana, contando con cinco departamentos de salud (Alzira, Torrevieja, Denia, Manises y Vinalopó).

Durante todos estos años, muchas organizaciones, como CCOO, han mantenido una posición crítica y combativa con el modelo pero, aunque no siempre ha podido ser, se ha intentado en lo posible mejorar los convenios colectivos y la asistencia sanitaria prestada. En definitiva, hemos conjugado nuestro rechazo al modelo con el respeto a las reglas de la democracia.

Tras las elecciones autonómicas de mayo de 2015, el nuevo Gobierno valenciano se comprometió a revertir el modelo concesional a la gestión directa de la Conselleria de Sanidad. Sin embargo, esta decisión legítimamente adoptada por un gobierno democrático, está siendo contestada por Ribera Salud de una manera que no compartimos.

En marzo de 2018 finaliza la concesión administrativa en el departamento de La Ribera, “nadie le quita nada a nadie”, simplemente acaba el contrato de gestión del servicio público y el Consell está legitimado para darlo por finalizado, al igual que lo estaría para prorrogarlo si así lo hubiera comprometido ante la ciudadanía.

Ribera Salud tiene derecho a defender su gestión, pero no lo tiene para generar confusión al personal de los centros sanitarios, ni a la población. Por ello, hay que decir con claridad que no es aceptable que la concesionaria cuestione los servicios y la asistencia sanitaria que se vayan a prestar a partir de que la Conselleria de Sanidad asuma la gestión. La asistencia sanitaria de gestión pública de la comarca será probablemente mejor que la actual, entre otras razones porque se mejorarán los ratios de personal que ahora están por debajo de los departamentos públicos.

Tampoco es razonable generar zozobra entre el personal sanitario. Ribera Salud sabe que será subrogado de acuerdo con el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y que éstos mantendrán sus condiciones laborales, de acuerdo con lo que establece el convenio colectivo. También sabe que se ha estimulado, interesadamente, un ambiente que favorece que se exija a la conselleria que anticipe las condiciones de recepción de los trabajadores, antes de lo que establece el pliego de condiciones.

A todo esto el Banco Sabadell, que compró la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que goza de una gran implantación en la Comunidad Valenciana y cuyo negocio principal no es la salud, está apoyando o dejando hacer a la dirección de Ribera Salud una estrategia de confrontación con el Gobierno valenciano resistiéndose, más allá de lo admisible, a que se dé por finalizado el contrato de gestión de servicio público de La Ribera y pretendiendo condicionar una decisión democráticamente adoptada. De no desmarcarse de esta línea de presión, seguro que las valencianas y valencianos tendrán en cuenta este comportamiento desleal de la entidad bancaria.

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