15

feb 2018

Una subida del 0,25% no sólo es una miseria, es una irresponsabilidad interesada

15 de Febrero de 2018. Ana Belén Montero

Casi dos euros al mes, ni tres barras de pan. Una cifra inaceptable si de verdad aspiramos a protección social efectiva, si creemos en la redistribución de la riqueza generada y aspiramos a frenar el empobrecimiento. Pensiones y precios deben incrementarse al mismo nivel y el insulto que supone la congelación práctica de la revalorización sólo provoca rechazo y conflicto.


Por más que se nos venda la recuperación económica, la realidad para demasiadas familias es que las pensiones siguen siendo el sustento principal y complementario de muchos hogares. No es admisible que el Gobierno se dedique a fomentar planes de ahorro privados. Siendo además irrisorio que el anuncio de la modificación de planes y fondos de pensiones del Consejo de Ministros encabece espacios informativos con un tratamiento entusiasta.

La irresponsabilidad gubernamental y mediática se retroalimenta al obviar que el sistema público de pensiones es una pieza central del Estado del bienestar. Irresponsabilidad interesada que aprovecha el miedo generado a raíz de la liquidación del fondo de pensiones.

Quienes ahora propician los planes de ahorro privados ya pronosticaron la inviabilidad del sistema público diseñando una catastrofista puesta en escena. La miserable estrategia política no es nueva, es parte de un plan dirigido a que la sociedad interiorice que el sistema público no es sostenible, que es un privilegio y no un derecho.

Pues bien, la prioridad política, señores y señoras del Gobierno, no se sitúa en ese plano, porque lo que le importa a la población es garantizar el sistema público, desarrollando actuaciones que le aseguren viabilidad.

Comisiones Obreras reivindica una subida digna a las pensiones, un cambio de rumbo y decisiones distintas para fortalecer el SPP en el marco del Pacto de Toledo. Urge abordar una reforma fiscal estructural, un sistema impositivo realmente progresivo en la recaudación, y redistributivo en el gasto, que exija más a quién más tiene y atienda especialmente a quien más lo necesita.

Algunas de las propuestas de CCOO en este terreno incluyen: reforzar la lucha contra el fraude y la elusión fiscal; aumentar la recaudación fiscal, reduciendo los beneficios fiscales (deducciones y bonificaciones) sin justificación social; elevar la imposición directa (sobre riqueza e ingresos) frente la indirecta (sobre el consumo); aminorar reducciones en Impuestos sobre la riqueza (patrimonio, sucesiones y donaciones).

Se impone un incremento en las bases máximas de cotización. Solo el impacto económico de esta medida supondría un ingreso a la Seguridad Social de 7.557 millones de euros. No es de recibo que la base de cotización de una persona que gana 3.750 euros al mes sea la misma que la de otra persona que gane por ejemplo el doble de dicha cifra. Tiene todo el sentido que esas bases de cotización altas puedan aportar más al sistema.

Y por supuesto, seguir trabajando en la evolución positiva del salario mínimo interprofesional derivará en un incremento de los ingresos para el sistema como consecuencia de la correlativa elevación de la base mínima de cotización.

Desigualdad social y laboral son dos caras de una misma moneda, una andanada que impacta tanto en personas jóvenes, como mayores y provoca que, en el día de hoy, CCOO PV continúe movilizándose en defensa de unas pensiones dignas en todo el territorio español, hasta que se revierta una situación que acentúa la pobreza y la exclusión social.

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