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jun 2016

Cláusulas sociales: una necesidad ética, no estética, requiere un compromiso político

9 de Junio de 2016. Jaume Mayor Salvi y Juan Cruz Ruiz

Desde CCOO PV llevamos muchos años denunciando los usos y abusos que se han venido produciendo alrededor de la contratación pública. Hemos combatido sindicalmente, y denunciado judicialmente, procesos de externalización y privatización de servicios, cuyo único objetivo era convertir derechos de la ciudadanía en negocios muy lucrativos para unos pocos.


Ha pasado ya un año desde las elecciones autonómicas y municipales que propiciaron el cambio de Gobierno en la Generalitat Valenciana y en muchos de los Ayuntamientos valencianos. Un año que ha permitido levantar alfombras y abrir cajones, encontrar facturas por “servicios prestados” que nadie, con un mínimo sentido de la ética, se atrevería a justificar. La privatización de algunos servicios públicos ha sido la puerta por la que una parte de la corrupción entraba en no pocos despachos oficiales.

Revertir esta situación debe ser una prioridad del Consell y de los distintos gobiernos municipales, por ética y por salud democrática. Allá donde sea posible, apostamos por la recuperación de los servicios para que, tanto la titularidad como la gestión, sea pública. Aun así, somos conscientes de las dificultades que en algunos casos pueden darse, no en vano se ha legislado durante décadas, no solo para facilitar las externalizaciones y privatizaciones, sino también para construir barreras a una posible recuperación para lo público. Externalizar resulta facilísimo, pero para recobrar esa gestión ha de superarse infinidad de obstáculos y limitaciones, lo que pone en evidencia el carácter ideológico y mercantilista de los procesos privatizadores.

Sin renunciar a nuestro primer objetivo, en aquellas situaciones en las que la recuperación para la gestión pública de un servicio privatizado/externalizadono sea posible de manera inmediata, es ineludible establecer los mecanismos necesarios para que seejecute con unos estándares de eficiencia y calidad, tanto en la prestación, como en el respeto a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que lo han de llevar a cabo.

Desde CCOO PV demandamos por ello la promulgación de una Ley valenciana de cláusulas sociales en la contratación pública. Esta ley, desde nuestro punto de vista, debe servir para impulsar la inclusión social de determinados colectivos con mayores dificultades y para hacer una apuesta real por la igualdad entre hombres y mujeres. Debería también perseguir los siguientes objetivos en materia laboral:

Garantizar el derecho de toda persona trabajadora a la estabilidad en el empleo. La Administración pública no puede seguir siendo una de las principales precarizadoras de las relaciones laborales en nuestro país. La concesión de contratos por tiempo determinado no puede ser la excusa para que las empresas despidan (o finalicen contratos) a cada cambio de contrata. La Administración debe velar por la estabilidad e incorporar cláusulas de subrogación de trabajadores y trabajadoras en todos sus pliegos a la hora de contratar con otras empresas. Se trata de servicios públicos con vocación de permanencia en el tiempo, nada justifica que un puesto de trabajo que tiene carácter indefinido sea cubierto con contratos temporales.

Garantizar que quienes van a desarrollar ese trabajo lo hacen en condiciones dignas, respetando, como mínimo, las condiciones laborales de los convenios sectoriales de referencia. Para ello es necesario evitar ofertas temerarias de empresas para quedarse con el servicio, que, una vez obtenido el concurso, abaratan costes e incrementan el margen de beneficio a costa de rebajar condiciones laborales. Pueden hacerlo gracias a las herramientas puestas a disposición por la reforma laboral del PP como la prioridad aplicativa de los convenios colectivos de empresa, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo o planteando la inaplicación del convenio colectivo sectorial.

Otras comunidades autónomas ya han legislado sobre las cláusulas sociales, a pesar de la resistencia de algunos partidos políticos, principalmente el PP, que siguen torpedeando judicialmente su incorporación en la contratación pública para garantizar la estabilidad y la calidad en el empleo. Pero los tribunales, incluido el Supremo, nos están dando la razón. Se trata, por tanto, de voluntad política y de sensibilidad social. Nuestra propuesta es esa, la respuesta del Consell entendemos que solo puede ser apoyarla e impulsarla.

Juan Cruz Ruiz, secretario general de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO PV

Jaume Mayor Salvi, secretario de Acción Sindical CCOO PV

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