25

ago 2011

¿Es el lugar adecuado?

25 de Agosto de 2011. Jose Maria Ruiz Olmos

Por José María Ruiz, secretario de Empleo de CCOO L'Alacantí- Les Marines.


La decisión de convertir en materia constitucional el límite de gasto de las administraciones ha puesto de acuerdo a los dos partidos mayoritarios. Nos aclara así las pocas diferencias entre uno y otro a la hora de obedecer las instrucciones del eje franco-alemán para resolver el gran problema de esta crisis: la enorme burbuja especulativa de las grandes corporaciones financieras. Mientras, nuestros ricos patriotas deslocalizan las empresas y las inversiones "españolas" hacia países y paraísos balsámicos para sus maltratados nervios. No sé si quiero vivir en un país así.

Tengo claro que las medidas de recorte social impuestas por el gobierno ZP, con el apoyo parlamentario pertinente, no van dirigidas a solucionar los problemas de la gente; tengo claro, incluso, que problemas colectivos como el desempleo, el empobrecimiento o los desahucios, anteriores a la crisis financiera pero disparados por ésta, son resultado de esas medidas políticas.

Mi gran duda es si la Constitución es el lugar adecuado para meter con calzador medidas que limitan la capacidad de acción presupuestaria pública. Si es así, ¿por qué no se pone un límite constitucional al desempleo? ¿Por qué no poner límite constitucional a la economía sumergida o a las listas de espera en sanidad? Si esa medida es tan buena para lo público, ¿por qué no se obliga a que se aplique en las grandes instituciones económicas  privadas? O ¿por qué no se les limita la contratación temporal al 3%?

Nos quieren hacer creer que esa medida nos ayudará a salir de la crisis. Es mentira. Y lo saben. Que el estado limite su capacidad de endeudamiento implica menos capacidad de maniobra y, por tanto, menos obras públicas, menos gasto en sanidad, enseñanza, servicios sociales, esto es: menos estado social. Supone la rendición incondicional de los intereses públicos ante los privados. Hacerlo por la vía constitucional puede suponer, además, menos estado de derecho. Éste, más que nunca, está al servicio de las grandes corporaciones especulativas, con la complicidad necesaria de los instrumentos públicos que debían vigilarles, como el Banco de España.

Lo más patético de esta situación es que en esta crisis el problema nunca ha sido el endeudamiento público, sino el privado. Las irresponsables inversiones de un sistema financiero kamikaze que, simplemente, ha creado una burbuja especulativa que le ha llevado a la actual situación: el capitalismo zombi. Una vez más, se imponen medidas que trasladan el déficit privado (la ruina de bancos, cajas y entidades financieras) al público.

Hay muchas cosas siguen pendientes. Medidas que favorezcan el crecimiento económico, como la lucha contra el fraude y una reforma del sistema financiero que devuelva la liquidez a las pymes y a las familias. El problema del desempleo, que habría que abordarlo con más gasto en estado social y en obra pública que genere actividad económica y riqueza, además de impedir el modelo más común de despido en España: el arbitrario. La lucha contra la precariedad laboral, que solo beneficia la competitividad desleal de las empresas por la vía del ahorro de costes.

Sigue pendiente además una respuesta del Gobierno al plan propuesto por los sindicatos mayoritarios, que seguimos dispuestos a arrimar el hombro para sacar al país de esta situación. Las medidas de recorte social impuestas solo han conseguido un fuerte estancamiento económico, una mayor pérdida de poder adquisitivo de las personas y que los beneficios de los responsables de la crisis sigan disparados.

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