6

mar 2019

Estancamiento de la negociación colectiva por adelanto electoral

6 de Marzo de 2019. Pedro Suárez

El pasado día 15 el presidente del Gobierno anunció la convocatoria anticipada de elecciones generales y automáticamente anunció, por omisión, la paralización de la negociación colectiva en el ámbito estatal. Una paralización que afecta directamente al ámbito portuario de la Autoridad Portuaria de Valencia, a la propia Autoridad Portuaria (Sistema Portuario de Titularidad Estatal), a SASEMAR (Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo y Seguridad Marítima) y a la Estiba.

Para la Estiba Portuaria, es necesario que se lleven a cabo los compromisos de un segundo real decreto. La falta de liderazgo y agilidad del Gobierno está permitiendo la intromisión de terceros como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como actor principal, amenazando y atenazando a todos los implicados con su procedimiento sancionador, para bloquear cuestiones básicas, como el derecho a la subrogación. Deben tener prisa en que se despida.

Para Salvamento Marítimo, es clara la necesidad de un convenio colectivo razonable, articulador de las relaciones laborales presentes y futuras. Pero nos encontramos con la apisonadora burocrática del Ministerio de Hacienda (CECIR), que niega algo tan elemental como la ultraactividad de los acuerdos. Una traslación sin sentido de la nefasta reforma laboral, no derogada, al ámbito de las administraciones públicas. No existe un convenio de ámbito superior, el Salvamento no es un negocio privado, es literalmente un servicio público esencial para salvar vidas en la mar. Un controlador/a de una torre de salvamento (empleado público) ¿a qué condiciones laborales podría acogerse ante la caducidad de su convenio colectivo?

Para el personal de las Autoridades Portuarias, se suceden los gobiernos y prosiguen los incumplimientos. En 1992 se determinó por Ley que las relaciones laborales se articularían a través de la contratación de personal laboral, empleados públicos, con un convenio colectivo. El actual Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias venció en diciembre de 2009.

No deja de ser sorprendente que el mismo consenso político (en la práctica considerado como acuerdo de Estado) que consiguió la promulgación de la citada Ley de Puertos, haya atenazado a lo largo de 10 años, con resultados de tráfico espectaculares y beneficios mantenidos de 200 millones de euros/año, a prácticamente 4.500 trabajadores/as con recortes continuos en derechos y salarios, y por supuesto sin ninguna solución de convenio. De nuevo, el Ministerio de Hacienda (CECIR) bloqueó de facto un acuerdo de convenio alcanzado por las partes (Puertos del Estado y representación sindical) el pasado octubre del 2018.

La sensación del déjà vu se impone, el adelanto electoral del año 2011 supuso la paralización de la negociación del Convenio Colectivo de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias, no obstante, el hartazgo ante la falta de soluciones por parte de los políticos nos lleva al inconformismo. La excusa de que por “responsabilidad institucional” (eufemismo de ”se lo dejo al que venga”) ya no vale, el conjunto de trabajadores y trabajadoras quiere y necesita respuestas, a pesar de la incertidumbre política. Pero, sobre todo, necesita y espera que se cumplan los compromisos, porque, en caso contrario, perderán la credibilidad política, sea quien sea quien prometa.

Estoy convencido de que el conjunto de los trabajadores y trabajadoras no se conformarán, que no tengan la menor duda. Queda margen hasta el 28 de abril para que el Gobierno proceda con hechos y no con promesas baldías, en caso contrario ni su credibilidad, ni la paz social estarán garantizadas.

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