25

nov 2020

Sin hogar, pero con puertas abiertas

25 de Noviembre de 2020. Ana Belén Montero

El ‘sinhogarismo’ no es un fenómeno nuevo; lo que sí es cada vez más novedoso es el perfil variable de la persona que se ve abocada a una situación de calle, bien por desahucio, por una acumulación de vivencias traumáticas, de situaciones socio-laborales, desarraigo familiar, o por falta de recursos económicos… entre otros. Todas ellas comparten un denominador común que tiene que ver con vivir bajo la amenaza del síntoma más desolador y preocupante de la sociedad, la pobreza.


La actual crisis ocasionada por la pandemia sanitaria ha dejado al descubierto muchas de las vergüenzas que escondemos bajo la alfombra. Una de ellas, para nuestro sonrojo, tiene que ver con aquellas personas que carecen de un techo donde cobijarse cada noche.

Nuestro sistema de protección social sigue siendo insuficiente para afrontar los grandes retos del presente. Los recursos que acompañan a las personas sin hogar no pueden limitarse a atender la emergencia, como la que supuso la situación de estado de alarma o la implantación actual de un toque de queda, que sin duda debe evitar marginar y provocar situaciones perjudiciales a estas personas que, por lógica, no van a poder responder a los mecanismos de restricción de movilidad impuestos por los diferentes gobiernos.

Cualquier sociedad desarrollada debería objetar la cronificación de soluciones parciales y asistencialistas, como la concentración de personas en grandes albergues y centros, necesarios en determinados casos, pero que contribuyen en la mayoría de ocasiones a un fracaso de trabajo inclusivo.

Es preciso romper con una etapa en la que se parchea la exclusión y avanzar hacia el propósito fundamental del desarrollo integral de la persona, de satisfacer sus necesidades básicas, pero también aquellas que hacen posible una vida en plenitud y bienestar: un empleo digno, acceso fácil a la formación y a la cultura o contar con una red de apoyo personal.

Un ejemplo de avance en este sentido sería la implementación de la filosofía ‘housing first’, que implica la creación de nuevos recursos para las personas sin hogar, más adaptados a sus circunstancias. Alojamientos de ‘alta tolerancia’ que facilitan a personas en situación de calle vivir en contextos más normalizados, apostando por unidades reducidas de convivencia en habitaciones individuales, o con la pareja. Espacios donde la voluntad de mantener a una mascota que, en muchos casos, es el único apoyo emocional, no sea un requisito excluyente. Que superen el recurso tradicional de albergue, con horarios más flexibles y donde poder mantener las pocas pertenencias que poseen.

Pero para progresar en esta dirección hay que corregir deficiencias del propio sistema. Paradójicamente, pese a la dificultad que tienen determinadas personas para acceder al empadronamiento o a un número de cuenta bancaria, éstos son requisitos imprescindibles para tener acceso a una prestación de renta mínima, prestación fundamental orientada a favorecer la inclusión social.

Urgen canales de coordinación entre aquellas personas que trabajan con sinhogares y el resto de profesionales de ámbitos clave como empleo, sanidad, justicia, etcétera. Construir nuevas fórmulas y abrir puertas que permitan un mejor acompañamiento a estas personas, al tiempo que se impulsa desde los servicios sociales un trabajo comunitario y de prevención que aborde de manera integral este fenómeno e incida ante situaciones de riesgo que pudieran derivar en la pérdida de vivienda.

El nuevo modelo social valenciano de servicios sociales, debe ser capaz de corregir las carencias del sistema. Es fundamental incrementar el insuficiente número de profesionales en un sector debilitado. La implementación de las ratios establecidas en la actual Ley de Servicios Sociales Inclusivos no puede esperar ni un minuto más.

Seguro que somos capaces de imaginar que podemos vernos expuestos a una situación de calle, a la discriminación y a los prejuicios. Si el relato de nuestra vida fuera éste, apelaríamos a la responsabilidad social y a los poderes públicos, que deben ser capaces de corregir y evitar la exclusión. Sin duda, reclamaríamos los mecanismos necesarios para acompañarnos en la superación de ese relato hacia una vida de plena autonomía y bienestar.

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