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abr 2011

Crisis económica, EREs y empleo público

5 de Abril de 2011. Maria Soledad Fernandez Cano

Por Soledad Fernández Cano, secretaría de Acción Sindical de la FSC CCOO PV


Aunque la intensidad de la crisis económica no era previsible,  la problemática económica en las administraciones locales no es un asunto nuevo. Tras la descentralización de competencias no se produjo el correspondiente reparto equilibrado de los recursos económicos. Modificado el sistema de financiación autonómica, debería haberse modificado automáticamente la financiación de las administraciones locales, que son las que ofrecen más servicios de proximidad a la ciudadanía. Pero a la crisis se ha sumado la falta de perspectiva de la clase política y continúa  pendiente el debate y la resolución de la financiación local.

A la bajada de ingresos por la pérdida de actividad económica generalizada se ha sumado el  compromiso del Gobierno ante la Unión Europea de reducir el déficit, lo que se traduce en una constante merma de recursos en las administraciones locales. Esta escasez se ha agravado por la falta de responsabilidad de las autonomías, en las que, ni se asume la prestación de servicios suficientes a los ciudadanos de forma directa, ni el coste real de estos servicios que acaban siendo prestados desde las corporaciones locales: escuelas de adultos, gabinetes psicopedagógicos, servicios sociales, actividades extraescolares, policía local al no desarrollarse la policía autonómica, etc.

Tras la reciente Ley 8/2010 de Régimen Local de  la Comunidad Valenciana tampoco se ha concretado el fondo de apoyo local con el que la Generalitat debe garantizar la financiación necesaria para prestar los servicios asumidos desde las administraciones locales valencianas. No obstante, la responsabilidad tampoco ha sido la tónica predominante en la gestión de nuestros municipios. En demasiados pueblos se ha gobernado sin visión de futuro, guiados por el afán de conseguir votos en el corto plazo para mantenerse en el gobierno, llegando a asumir gastos y compromisos innecesarios, que han derivado en un excesivo endeudamiento, sin asegurar los servicios útiles al ciudadano.

Las consecuencias de esta gestión irresponsable, populista y cortoplacista en todos los niveles de decisión política, es la coartada que determinados responsables municipales, intentan argumentar como causa económica para presentar EREs. Precisamente ésta es la excusa esgrimida para intentar despedir a 29 contratados fijos en el consistorio de Alboraia. CCOO ya ha manifestado al respecto que, desde los principios de legalidad y de equidad, la solución a la falta de recursos en las Administraciones no pueden ser los EREs.

La legalidad porque impone una ordenación de los recursos humanos con Planes de Empleo, y Sostenibilidad, negociados con las organizaciones sindicales y aprobados por el Pleno. En éstos deben analizarse los gastos de personal y el resto del presupuesto, incluyendo empresas públicas, fundaciones u organismos que dependen de éstos presupuestos y, por tanto, del dinero del contribuyente. La equidad entre el personal porque no es razonable, ni justo, hacer recaer sólo en una parte de la plantilla, el personal laboral, los efectos de una situación económica negativa global en una Administración concreta.

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