6

jul 2011

¿Planes de austeridad o simplemente recortes sociales?

6 de Julio de 2011. Javier Perez Ferre

Por Jaume Mayor Salvi. Secretario de Acción Sindical y Relaciones Laborales de CCOO PV.


Con el Paco de Gobernanza, que se discutirá en breve en el Parlamento Europeo, se ha  intensificado la batalla contra estado del bienestar. La reducción del gasto público, paralelamente a la privatización de servicios sociales básicos como educación y sanidad, son los próximos objetivos del poder económico. Esta nueva ofensiva de los poderes financieros contra el estado del bienestar, sancionada por el llamado Pacto del Euro, impone a los distintos niveles de gobierno medidas legales que limiten el gasto público.

Según estas tesis, la creación de empleo pasa inexorablemente por la destrucción del sector público en la economía, a pesar de que la contracción del gasto público llevada a cabo por los diferentes niveles de Gobierno a lo largo de los dos últimos años nos esté mostrando precisamente lo contrario: una mayor destrucción de empleo.

Este discurso viene a señalarnos que el supuesto derroche en el gasto público es insostenible financieramente dada la imposibilidad de aumentar la presión fiscal. Los servicios básicos, que seguirían prestándose bajo la gestión privada, conllevarían un supuesto menor coste económico. Lo que no se dice es que la irrupción de la gestión privada en la prestación de servicios públicos supone trasladar parte de los ingresos públicos al beneficio privado, a costa del deterioro de las condiciones de trabajo y de la calidad de los propios servicios. 

Se nos exige austeridad, ¿acaso será porque despilfarramos? La presión fiscal media en España está cinco puntos por debajo de la media europea y 10 puntos por debajo, por ejemplo, de Francia y tenemos uno de los mayores índices de fraude fiscal. 

Del mismo modo, los datos del gasto público per cápita y en servicios públicos básicos en el País Valenciano no nos indican que exista tal desenfreno. Ocupamos, con datos de 2008, la última posición en gasto sanitario por habitante y nuestro gasto por alumno en enseñanza no universitaria es un 10% inferior a la media estatal, lo que tal vez pueda explicar que tengamos uno de los  índices más elevados de abandono escolar. Y, por último, atendiendo a los datos del IMSERSO en 2011, presentamos un porcentaje un 50% inferior a la media de beneficiarios de prestaciones por dependencia. Al mismo tiempo tenemos un 25% de tasa de paro, cuatro puntos por encima de la media estatal, lo que evidencia con total claridad que la reducción del gasto y el aumento del empleo se relacionan de manera directa: a menor gasto e inversión pública, más desempleo.

Por lo tanto, aquellos que consideren este gasto un exceso, un despilfarro y un dispendio público insostenible, o bien desconocen los datos o, simplemente, emiten juicios de valor con una ética que antepone el beneficio privado a la salud, a la educación y a la protección a la ciudadanía.

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