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    28

    abr 2022

    Hacer de la salud un derecho fundamental

    28 de Abril de 2022. Silvia Catalán

    Aprovechando la efeméride del 28 de abril como Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, desde CCOO recordamos el largo camino que queda por recorrer. Venimos denunciando cómo tanto la precariedad como el deterioro de las condiciones laborales afectan a la salud de las personas trabajadoras, así como el infrarregistro de accidentes y enfermedades profesionales, principalmente en las patologías derivadas de factores de riesgos psicosociales. Lo peor es que lo que no se declara, no existe y, por tanto, no se previene.


    A nivel provincial en el periodo de febrero 2021 - enero 2022 (12 meses) los accidentes graves fueron 104 casos, con una disminución de 19 casos que representan una reducción del 15,5%. Los accidentes mortales fueron 12 casos, con una disminución de 5 casos que representa una reducción del 29,4%. El número de partes totales comunicados de Enfermedades Profesionales (EEPP) fue 1.984 (427 casos más que en el mismo intervalo del periodoanterior), lo que representa un aumento del 27,4%.

    Destacan las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos (grupo 2), con el 96,7% del total de casos registrados. En cuanto a sexos, los varones representan el 42,4% y las mujeres el 57,6% de los partes. En cambio los agentes cancerígenos suponen el 0,4%, dato que choca frontalmente con las indicaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo desde donde nos informan que “el cáncer es la principal causa de la mortalidad laboral en la Unión Europea y representa más muertes de personas menores de 65 años en la que que cualquier otra enfermedad. Se estima que los agentes cancerígenos son los causantes de unas 100.000 muertes cada año”.

    Cuesta mucho digerir cómo año a año siguen produciéndose muertes por causas fácilmente evitables como las caídas en altura, golpes o atrapamientos, tal como hemos venido denunciando. En nuestro ámbito comarcal tres trabajadores han perdido la vida en lo que va de año. Tenemos enormes dificultades en conocer cómo ha ocurrido y el nombre de las empresas responsables, pero con lo que tenemos, CCOO vamos a Fiscalía e Inspección de Trabajo, a la que le reprochamos, nuevamente, la falta de información relativa a accidentes con resultado de muerte, a la que nos tiene condenados, en estos momentos.

    En esta legislatura se han realizado importantes cambios legislativos, especialmente la reforma laboral, que han supuesto un giro significativo en las políticas sociolaborales. La reducción de la temporalidad detectada en estos primeros meses de vigencia de la norma, será sin duda un vector de mejora de los indicadores de salud y seguridad en el trabajo. Es una realidad que la precariedad laboral mata y se han dado pasos importantes para acabar con ella, pero si no se impulsan políticas decididas en materia de prevención de riesgos, si no se convierte en una de las prioridades del Gobierno de coalición, dichas mejoras pueden verse anuladas.

    Tras dos años de pandemia por la COVID-19, se ha puesto de manifiesto que la salud pública y la salud laboral deben de ir de la mano. Ha quedado patente que garantizar las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo ha sido una de las claves para contener y controlar la transmisión de virus en el conjunto de la sociedad. Es el momento de empezar a evaluar los efectos que en términos de salud está teniendo esta tragedia. Más de 11 millones de contagios y de 100.000 muertes en España, son la demostración más visible de la dimensión del problema.

    Pero a medida que pasa el tiempo van aflorando otras cuestiones que afrontar, como las derivadas de los casos de COVID persistente, con consecuencias laborales para quienes lo sufren y que exigen de políticas de prevención y de seguridad social específicas que aún no se están desarrollando. La pandemia también ha servido para poner en la palestra el grave problema de salud mental en nuestra sociedad. Es imprescindible y urgente desarrollar legislación específica e impulsar políticas públicas para afrontar este problema de primer orden, donde los servicios públicos de salud pueden impulsar diagnósticos de sospecha cuando llegan a sus consultas patologías susceptibles de ser de origen profesional.

    Es necesario repensar el modelo de gestión preventiva en las empresas y fortalecer los organismos con competencias en materia de seguridad y salud en el trabajo. Son necesarios cambios legislativos para interiorizar la prevención en el seno de las empresas, con el fin de gestionar la prevención de manera eficaz, con el fin de:

    Mejorar la calidad de las actividades preventivas que prestan los servicios de prevención (tanto técnicas como de vigilancia de la salud).Incorporar la perspectiva de género en las acciones de prevención.Abordar los riesgos derivados de las nuevas formas de organización del trabajo (digitalización, inteligencia artificial, teletrabajo, trabajo en plataformas), especialmente su impacto en los riesgos psicosociales.Afrontar los riesgos derivados de los efectos que el Cambio Climático tiene para la salud de las personas trabajadoras.Ampliar los recursos humanos y materiales de la Inspección de Trabajo y de los organismos técnicos como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.La creación del delegado o delegada de prevención territorial y/o sectorial para todas aquellas empresas en las que no disponen de representación sindical.

    En definitiva, hemos también de incorporar al ordenamiento español directivas como las de cancerígenos o de radiaciones ionizantes sin rebajar los niveles de protección vigentes en España y sin incumplir los periodos máximos de trasposición, como viene sucediendo. Hay que situar la prevención de riesgos laborales en el centro de la recuperación y las personas en el centro de todas las políticas. Porque la salud es un derecho fundamental también en el trabajo.

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