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ene 2020

Es el momento del pacto de progreso para el empleo digno.

15 de Enero de 2020. Pepo Ruiz Olmos

Voy a empezar marcando mi posición de origen respecto al pacto PSOE/UP: me parece un acuerdo positivo y supone una oportunidad histórica para combatir la desigualdad generada por las políticas regresivas en derechos puestas en marcha hasta ahora. No es que haya querido destripar el final del artículo (“destripar”, mejor que “spoiler” para la Fundeu), en realidad, voy a tratar de analizar la relevancia de un proyecto de gobierno, en materia laboral, que, entre otras cosas, debe enseñar a la democracia y sociedad española las ventajas de los gobiernos de coalición tan comunes en Europa.


VALORACIÓN POSITIVA.

La valoración es positiva porque, aunque hubiera sido espectacular una derogación absoluta, radical y fulminante del texto de Rajoy, creo que es mucho más práctico, y democrático, el proceso que el acuerdo recoge. No olvidemos, que el primer reproche a la reforma del PP fue el de sus formas: la imposición unilateral por decreto de un texto legal que recogía, de forma descarada, un grupo de medidas que beneficiaban al empresariado a costa de recortar todos los derechos laborales.

El procedimiento recogido en el pacto que nos ocupa es más democrático y, lógicamente, está llamado a aportar estabilidad y calidad a la negociación colectiva y al empleo en nuestro país.

MEJORAR EL MERCADO DE TRABAJO.

Para empezar, recogiendo expresa y textualmente la derogación de la reforma laboral, además de declaración de intenciones, se marca una hoja de ruta que señala a un horizonte perfectamente accesible: la mejora del mercado de trabajo. Y lo hace planteando un primer momento en el que se derogan tres aspectos importantes de la reforma: el despido por enfermedad, la ultraactividad de los convenios y la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el de sector.

Son tres reivindicaciones potentes de los sindicatos de clase que, ojo, dejan de ser parte de un programa electoral para pasar a ser proyecto de gobierno. Son temas que, además, recuperan el valor de la negociación colectiva que casi había sido anulada por el PP. A continuación viene todo un reguero de temas fundamentales en las relaciones laborales: la subcontratación y la discriminación salarial en los procesos de externalización, la limitación de las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, el procedimiento de descuelgue -que se limita a la existencia de causas económicas graves-, el salario mínimo –con el compromiso de alcanzar, al final de la legislatura, la cantidad equivalente al 60% del salario medio, como exige la Carta Social Europea– las modalidades de contratación – con especial relevancia del principio de causalidad en los contratos temporales-, las causas de despido económico y el control de los despidos colectivos (los ERE), o las políticas de empleo y la protección al desempleo,…

A NEGOCIAR.

Todas son cuestiones que se vuelcan a un proceso negociado, recuperando así la importancia del diálogo social. Esto es un hecho que merece la pena destacar: Se recupera el valor del acuerdo de los agentes sociales (aquel que bloqueó interesadamente Díaz Ferrán, el anterior “jefe” de los patronos, justo antes de dar con sus huesos en la cárcel), sindicatos mayoritarios y patronal, como espacio natural de negociación de las políticas laborales. Recuperarlo garantizará y legitimará los acuerdos que deban llegar y supondrá volver a la democracia que la reforma de 2012 se llevó por delante.

Se podría objetar que la patronal no va a querer llegar a acuerdos que limiten la inmensa arbitrariedad que les regaló Rajoy. Sin embargo, en el fondo de este proyecto político está el objetivo del gobierno de redactar un nuevo estatuto de los trabajadores y las trabajadoras más y mejor adaptado al mercado productivo actual. Recordemos que cuando se aprobó el actualmente en vigor, el desarrollo de la informática, Internet o el “big data” era mínimo o casi nulo, y hoy son elementos clave en la productividad y el empleo.

LA NEGOCIACIÓN NO SE PUEDE IMPEDIR.

Esto supone que la negociación se podrá ralentizar pero no obstaculizar o impedir. Además, el gobierno progresista estaría en clave “derogar la reforma laboral”, por lo que la negociación y el pacto es el mejor camino. El acuerdo recoge muchos más temas relacionados con el empleo. Se habla de aumentar la protección a la persona sin recursos, de reforzar la protección por desempleo, se habla de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de prevención de riesgos laborales… Muchos temas muy importantes que ya iba siendo hora de que formaran parte del guión del gobierno. Hay que felicitarse, además, porque se muestra la voluntad de ratificar tres Convenios de la OIT (sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, sobre las trabajadoras del hogar y sobre las condiciones de trabajo en el sector pesquero) que, también, son una demanda histórica de los sindicatos de clase. Y, especialmente, hay que destacar que se plantee el compromiso de ratificar la Carta Social Europea revisada y el Protocolo adicional a esa Carta Social Europea que debe suponer un paso firme hacia el empleo con derechos que predomina en Europa frente a nuestra precarieadad creciente.

Se recupera el diálogo social y la negociación colectiva, para ello, se recurre al diálogo y no a la imposición como hiciera en 2012 el PP, se consigue eliminar algunos de los peores elementos de la reforma laboral y se empieza a negociar una nueva formulación legal de materias básicas como el salario, la contratación, el despido, el fraude,… Hay motivos para celebrar este acuerdo.

Como colofón, una pista que señala que estas medidas van en la buena dirección es la reacción de la reacción,… de los reaccionarios. Las tres derechas ponen el grito en el cielo, a mi entender, porque temen que esas medidas consigan combatir la injusticia, la desigualdad, la pobreza, la economía sumergida que ellos mismos han potenciado, es decir, que esas medidas socialdemócratas pongan en evidencia el proyecto económico y político neoliberal que ya ha demostrado en España su capacidad de empobrecer y excluir cada día a más personas.

En definitiva, es el momento de que los objetivos sindicales sean de nuevo acción de gobierno.

JOSÉ MARÍA RUIZ OLMOS.

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