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    21

    ago 2017

    Nuestras pensiones, nuestros salarios

    21 de Agosto de 2017. Consuelo Navarro y Daniel Patiño

    Se ha producido de ruptura del contrato social mediante la modalidad de tirar de la cuerda de la red familiar de protección, y por ello hacemos un llamamiento a la movilización, a la participación permanente ante la apertura el próximo otoño de las negociaciones de nuestro sistema público de pensiones, dirigido a toda la clase trabajadora, ante un objetivo común, a romper con quien permanentemente hablan de privilegios y mercados laborales duales; la mayor dualidad existente es entre quien cumple la ley y quien no.

     

     


    Con los datos que ofrece la Seguridad Social a julio de 2017, Alicante se sitúa a la cola del País Valencià en cuanto a la cuantía de las pensiones. La pensión media se situó en ese mes en esta provincia en 798,16 €, mientras que en Castellón se situó en 816,49 € y en Valencia en 885,49 €. Además, la pensión media en Alicante es 122,94 € inferior a la media estatal. Alacant es la duodécima provincia de España con la pensión media más baja.

    Por sexos, la situación es muy preocupante. La pensión media de un hombre en Alicante asciende a 974,32 €, mientras que la de una mujer se queda en 632,43 €, una diferencia de 341,89 €. En la pensión de jubilación la situación es similar, los hombres cobran de media 1.047,83 €, por 671,27 €, las mujeres, una diferencia de 376,56 €.

    Con estos datos podemos valorar que:

    1. El mercado laboral de la provincia muestra síntomas de debilidad crónica que no corresponden ni con el peso del PIB en el Estado ni con la actividad que subyace como nichos fundamentales de negocio.

    Ni la actividad en los sectores clave como el calzado, la industria alimentaria y el sector servicios parece que repercuten de igual manera en la cuenta de explotación de las empresas como en los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Se antoja imprescindible para un correcto funcionamiento del mercado laboral que las administraciones tomen partido, con carácter de urgencia, ante la situación de desequilibrio en las relaciones laborales, especialmente por su reiterado incumplimiento. Así como estos, se han de dotar de medios eficaces a la lucha contra el perenne fraude laboral que se aleja en gran medida de lo que la OIT denomina «trabajo decente».

    2. De los datos extraídos se colige que las pensiones contributivas en la provincia son el espejo del desarrollo del punto primero sobre nuestro mercado de trabajo.

    Las pensiones de jubilación contributiva, de incapacidad permanente, de viudedad y orfandad son numéricamente las más exiguas de la autonomía, y en una proporcionalidad no ajustada en sus perceptores a la media del Estado en comparación con los datos poblacionales.

    Resulta urgente actuar fundamentalmente en dos sentidos para corregir estos aspectos y cumplir el precepto constitucional dispuesto en el artículo 50 de la Carta Magna: «Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos( y ciudadanas decimos nosotras) durante la tercera edad».

    Primero, establecer unas condiciones laborales donde impere la legalidad, basar una gran parte de nuestro mercado laboral en economía informal y precaria produce un perpetuo desequilibrio social lo que, para una provincia que depende en gran medida de su imagen hacia el exterior, no resulta aceptable.

    Segunda, urgente cumplimiento de la revalorización de las pensiones conforme a la legislación anterior a 2013. Antes de que la brecha se agrande año a año.

    Mantener la falacia, por parte de algunos poderes públicos, que el sistema de pensiones no resulta sostenible solamente contraviene los intereses generales en una dejación de funciones interesada basada en falsas cuentas demográficas y dogmas de fe estériles como el de los 20.000.000 de empleos en 2020 salvarán las pensiones (a nadie se le escapa que si los ingresos del sistema se han reducido ostensiblemente no ha sido solamente por la reducción del número de afiliación, sino por el importe de sus cotizaciones, ya pueden ser 20.000.000 o 40, si cotizan mucho menos de la mitad por factores como los contratos a tiempo parcial, las sempiternas bonificaciones o mantener las insostenibles tarifas planas por indefinidos o por contrato de formación hasta los 30 años).

    Y queremos mencionar especialmente la situación de las trabajadoras pensionistas, puesto que no responde a ningún argumento de sentido común la diferencia sustancial de número de perceptoras y la cuantía de las mismas. Reconocer la desigualdad de género en la configuración del mundo del trabajo asalariado (porque el trabajo doméstico merece artículo específico) es el primer paso para entrar a hablar de soluciones a este sostenido empobrecimiento de las mujeres.

    Cualquier medida que no favorezca el equilibrio de esta situación está condenado a perpetuar el conflicto estructural y escalar en las diferencias solamente supondrá desvertebración social, con consecuencias muy perniciosas para el normal desarrollo de una sociedad democrática. Por ello las mujeres trabajadoras, organizadas en todo el tejido social de nuestros territorios tienen que ser voz alta, singular y clara en las próximas movilizaciones para la defensa de nuestras pensiones públicas.

    Esas acciones han de considerarse cuestión de Estado y con carácter de emergencia, el objetivo es común y todos y todas hemos de ser partícipes, nuestro presente y futuro se dirimen ya hoy.

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