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sep 2017

Exprimiendo los salarios, las condiciones laborales y la calidad del servicio

13 de Septiembre de 2017. Emilio Lamas Galarza

Lo sucedido este verano en el aeropuerto de Prat, el conflicto entre AENA, EULEN y los trabajadores de ésta última, no es más que una gota de agua en un océano repleto de abusos contra los derechos de los trabajadores a instancias de los gobiernos central, autonómico y local.


Iba a decir que el PP se ha instalado en abaratar los costes de los servicios públicos que realizan empresas privadas admitiendo bajadas en la ofertas de más de un 30%, pero eso sería echar la exclusividad de una práctica que exprime los salarios, que empeora las condiciones de trabajo y que perjudica seriamente la prestación y calidad de los servicios públicos que son subcontratados por las administraciones públicas (AAPP), a un solo partido político y sería una verdad a medias.

Lo sucedido este verano en el aeropuerto de Prat, el conflicto entre AENA, EULEN y los trabajadores de ésta última, no es más que una gota de agua en un océano repleto de abusos contra los derechos de los trabajadores a instancias de los gobiernos central, autonómico y local.

En los servicios públicos todos los abusos tienen un mismo denominador común: admitir ofertas de gestión del servicio por debajo del precio de coste.

Año tras año se constata que en servicios esenciales como la conservación de carreteras, tanto de la Red de Carreteras del Estado como de la Comunidad Autónoma Valenciana, se asigna la gestión del servicio a quien presente la oferta de menor coste sobre el precio real de coste del servicio.

Lo hemos visto en las carreteras de la Generalitat Valenciana en los recientes concursos en Castellón, donde por no respetar no se ha respetado el número de trabajadores que prestaban el servicio.

Lo estamos viendo en las agrupaciones de sectores como la V4 y V7 con base en Utiel y la aldea de la Portera (Requena) dónde además de la reducción de plantilla se ha llevado a término una reducción de salarios sin justificar la misma por un acontecimiento sobrevenido.

Al igual que en Utiel, la V6 que se hacía cargo de la conservación de una parte de la autovía A-3, ahora tiene a su cargo toda la autovía desde Valencia hasta el linde con el termino de Cuenca.

¿Cómo se pretende mantener la prestación de un servicio público si cada vez que se otorga una concesión se hace reduciendo el coste del servicio? En el proceso de absorción de la V2 por la V6 se pretendió un excedente laboral de 15 puestos de trabajo que se redujo en la negociación con CCOO a un máximo de 2 despedidos y 2 traslados a otro centro de conservación; lo que no deja de ser una reducción de personas que son necesarias para la correcta prestación del servicio.

Las empresas se quedan las concesiones por ser la oferta de menor coste sobre el coste total del servicio y como esas empresas son con animo de lucro para poder obtener beneficios recurren a reducir: personal, salarios y empeorar las condiciones de trabajo. Reducciones que además del daño que causan a los trabajadores también repercuten en la calidad del servicio (reparaciones, señalización de accidentes, vigilancia, etc.) y cuyas consecuencias sufrimos los ciudadanos que transitamos por las carreteras.

Tal es el despropósito de perseguir la oferta más baja que algunas de las empresas que acceden a la concesión del servicio público que terminan instando el concurso de acreedores.

Las irregularidades que las empresas concesionarias del servicio público de conservación de carreteras realizan constantemente incumpliendo el pliego de concesiones no se persiguen por parte del ministerio y se suceden situaciones como facturar el trabajo no realizado por trabajadores en situación de baja por enfermedad o durante el periodo de sanción de empleo y sueldo.

Con el proceso de concurso a la oferta más baja los primeros perjudicados son los trabajadores, seguidos de los usuarios (en el caso de las carreteras con consecuencias en ocasiones calamitosas) e incluso las empresas. Las AAPP deben de replantearse que la privatización de los servicios públicos y las concesiones de los mismos al mejor postor (el que menor coste presenta). Además no es descartable que la paciencia de los trabajadores y sindicatos en lo referente a la actividad de conservación de carreteras termine por desembocar en conflictividad laboral haciendo coincidir esta con el próximo periodo invernal.

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