Precariedad y salarios: la patronal no tiene razón
La crisis económica y financiera que ha padecido este país ha tenido como consecuencia un retroceso en derechos laborales y sociales sin precedentes. Los servicios públicos esenciales como educación, sanidad o dependencia se han visto recortados sensiblemente, la reforma laboral ha tenido nefastas consecuencias en el mercado de trabajo y, para cerrar el círculo del llamado “austericidio”, las insuficientes prestaciones sociales y la falta de protección ante problemas como los desahucios o la pobreza energética han consolidado una situación de desigualdad social muy grave.
Si bien se ha ido reduciendo el desempleo, las tasas siguen siendo muy elevadas. En la actualidad, 3.800.000 personas están sin trabajo, en el País Valenciano 412.000, con una incidencia mayor en las mujeres, en la gente joven y, con preocupante aumento, en las personas que sufren el paro de larga duración. Otro dato a tener en cuenta es que más del 50% de las personas desempleadas no perciben ninguna prestación contributiva ni asistencial, es decir, que no tienen ningún ingreso conocido. La temporalidad injustificada (27%), la proliferación de los contratos a tiempo parcial no deseados, los falsos autónomos, la economía de plataforma, la economía sumergida y las personas que son trabajadoras pobres como consecuencia de la caída de salarios, entre un 7% y un 22% en los sueldos más bajos, son ya, desgraciadamente, característicos de nuestro mercado de trabajo. Todo lo anterior en un contexto en el que desde el año 2014, se viene creciendo a ritmos del 3% anual.
Por eso decimos que CEOE, que las organizaciones empresariales, deben salir del egoísmo en el que se han instalado, tener altura de miras y facilitar el Acuerdo Estatal por la Negociación Colectiva. Una posición que permita una renovación del marco laboral que reduzca sensiblemente la precariedad laboral injustificada y redistribuya la riqueza generada en los últimos cuatro años. Un acuerdo que oriente la negociación de los convenios colectivos, a través de los cuales se determinan salarios y condiciones de trabajo de 14 millones de trabajadoras y trabajadores en este país. Un acuerdo que reactive el consumo y, con ello, la economía del país y la creación de empleo.
Y es que más allá del lamento inacabable de la patronal, la producción de bienes y servicios en 2017 ha superado las cifras de 2008, 36.000 millones de euros más han producido las empresas, con un millón de trabajadores menos que entonces. Así es como se ha incrementado la productividad en este país, haciendo trabajar mucho más con salarios mucho menores. Y, además, en 2017 han repartido 17.000 millones de euros en dividendos entre su accionariado, empresas que se han ahorrado 5.000 millones de euros como consecuencia de la reforma fiscal del Gobierno. En resumen las empresas están ganando muchísimo dinero en gran medida a costa del esfuerzo y del salario de los trabajadores y trabajadoras y deben repartirlo.
¿Cómo es posible que se haya producido una transformación social con estos resultados y un trasvase de rentas del trabajo a rentas del capital de esta magnitud? Fundamentalmente por los efectos de las reformas laborales que han debilitado nuestra capacidad en la negociación colectiva. El nuevo marco normativo permite a las empresas la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, inaplicar los convenios, o despedir más barato, entre otras cuestiones, además de limitar la vigencia de los convenios para reducir la capacidad de negociación de los sindicatos.
Es necesario, por tanto, dar paso a un nuevo marco normativo que acabe con la precariedad y los salarios de miseria. Apostar por un modelo productivo sólido, basado en la innovación y en el valor añadido. En el caso del País Valenciano es ineludible un nuevo sistema de financiación más justo. Sin olvidamos tampoco de cuestiones tan importantes como garantizar el sistema de pensiones, reducir significativamente la siniestralidad laboral o avanzar decididamente hacia la igualdad real entre mujeres y hombres.
Para CCOO es el momento de abordar las reformas legislativas con el nuevo Gobierno y acordar con las organizaciones empresariales un nuevo escenario de recuperación de derechos. Esperamos que CEOE recapacite para situar las relaciones laborales en el cauce del diálogo y el acuerdo, que lleve a una mejora de la sociedad en su conjunto, evitando así una contestación de carácter general que sin duda sería justa.
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