Cuando la justicia está lejos, la injusticia crece
Si una mujer reside en el municipio de Fuente La Reina (Castellón) y es víctima de la violencia machista, cuando reúna el valor suficiente para denunciar a su agresor, tendrá un problema añadido: resolver cómo recorre los 80 kilómetros que la separan del juzgado de Vila-real que ha de atender su denuncia. La primera vez será difícil, porque, en ocasiones, se puede jugar la vida. Pero después habrá otras muchas que le exigirán el mismo recorrido. Para la separación o divorcio, y cualquier trámite posterior, tendrá el mismo problema, ya que será ese mismo juzgado el que se ocupe al haber tramitado inicialmente la denuncia. Así es el procedimiento.
No parece que esta sea la forma de garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia machista. Pero así será si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comarcaliza el Juzgado de Violencia sobre la mujer de Vila-real, atendiendo a la petición emanada desde el TSJ de la Comunitat Valenciana, y en contra del criterio de CC OO. Ello significa cargarse con premeditación y alevosía el principio de proximidad, obligando a las usuarias a desplazarse largas distancias para cualquier trámite o consulta.
Pero hay otras soluciones que CC OO no ha dejado nunca de reclamar, como la ampliación de las plantillas en los juzgados de Segorbe y Nules o la creación de un nuevo juzgado en Nules. Soluciones lógicas si se apuesta por unos servicios públicos de calidad, que acaben con las penosas consecuencias de los recortes e incluyan la recuperación de recursos y medios.
La Administración de Justicia en la Comunitat Valenciana cuenta, desde hace bien poco, con su I Plan de Igualdad. Es un hecho a celebrar porque incluye medidas que pueden contribuir a profundizar en la igualdad en una plantilla de personal, que, aunque fuertemente feminizada, sigue presentando flancos de desigualdad y discriminación que hay que erradicar. Con relación a la violencia de género, el plan adopta una postura combativa dotándose de medidas que protejan a sus trabajadoras en caso de verse en tal situación.
Se percibe cierta incoherencia entre la legítima protección que la Administración de Justicia garantiza para las empleadas públicas y la desprotección en que coloca a las ciudadanas afectadas por la reorganización solicitada, a las que no facilita su acceso a la justicia, sino todo lo contrario. Al igual que CC OO no ha rehuido su compromiso en defensa de la opción más beneficiosa para las mujeres, es de esperar que la Conselleria de Justicia no ahorre esfuerzos para conseguir la eliminación de ese sesgo machista que a veces tiene la justicia, que, aunque se nombra en femenino, actúa demasiadas veces en masculino patriarcal.
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