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feb 2019

Tiempos de desigualdad, tiempos de solidaridad activa

27 de Febrero de 2019. Joan Sifre

El necesario saneamiento de nuestra economía ha causado como su «reverso» una sociedad más desigual y enferma. Numerosos informes, de diversas instituciones, confirman una creciente desigualdad social y mayores niveles de pobreza. En la Fundación Novaterra pensamos que para valorarlos en todo su significado no basta con detenerse en los datos macroeconómicos, sino que hace falta una visión abierta y empática, cómplice con las personas y grupos más vulnerables, para así dar una adecuada respuesta.


La desigualdad nos incumbe por razones éticas y morales pero también porque cuestiona el funcionamiento de nuestras sociedades. Un sistema político que convive con altas tasas de pobreza estructural no se debe considerar efectivamente democrático. La garantía de los derechos económicos y sociales es el preámbulo de los derechos civiles y políticos. Dar respuesta a esta tendencia es una tarea principal para toda acción política y representativa, de cualquier sujeto social o institucional. La lucha contra la pobreza es «la cuenta pendiente de nuestras democracias», en palabras de la experta mexicana Paulette Dieterlen.

Sería muy largo el análisis de factores y causas que impulsan esta tendencia. Al final, podemos resumir, como lo hace el profesor Borja Barragué, que se produce motivada por el incremento de la desigualdad en las rentas de mercado y el debilitamiento de la voluntad redistributiva de los llamados Estados del bienestar. El incremento de la desigualdad en España tiene que ver con lo ocurrido en la parte baja de la distribución, no en la alta, aunque la brecha salarial entre quienes más ganan y quienes menos se ha abierto desde el inicio de la crisis y sigue presente en la «recuperación».
El resultado es una tremenda «distopía»: los pobres son cada vez más pobres y los salarios bajos (y muy bajos) caen mucho más que el conjunto. Esta devaluación salarial es inseparable de otras devaluaciones que afectan al conjunto de las condiciones laborales y en ambas intervienen muchos factores. Esto genera mucha precariedad, como ya advirtió el sociólogo alemán Ulrich Beck, que caracteriza nuestra época en aspectos como el económico-laboral, o experiencial; que lastra a nuestra sociedad. Dicha precariedad no podemos «normalizarla» porque, al hacerlo, aceptamos la explotación como norma, como subraya la ensayista Remedios Zafra.

En los últimos años se han producido importantes acuerdos de actualización al alza del salario mínimo, en concreto diciembre de 2017 y octubre del 2018, y el IV Acuerdo, bipartito, para el empleo y la negociación colectiva. Pactos y medidas ambiciosas pero realistas que pueden servir como instrumento para impulsar la demanda agregada y el empleo, y corregir las brechas de la precariedad que afectan más a las mujeres, jóvenes y población inmigrante, al concentrar más temporalidad, menor intensidad de empleo, más contratación parcial involuntaria y una segregación sectorial y ocupacional.

La negociación colectiva, que regula salarios y condiciones laborales, actúa como un instrumento de igualdad y redistribución, establece garantías contra la mercantilización y la individualización de las relaciones laborales. Y, si es capaz de articular una solidaria representación haciendo del trabajo un vínculo social, como afirmó en su momento Durkheim, establece un sistema de derechos y deberes. Si se estanca o se pervierte queda afectada la cohesión social y la democracia misma.

Esta dimensión redistributiva de la mejora salarial y de las condiciones de trabajo, no es suficiente. Si queremos evitar el crecimiento de la desigualdad y producir un cambio sustantivo en democracia económica es preciso innovar en la participación de las trabajadoras y trabajadores en todo el proceso de generación de valor. Significa asentar en la práctica un concepto antropológico diferente del trabajo de todos los agentes y de las relaciones, en las empresas y de estas con su entorno económico, social, medioambiental, más allá de la pura maximización y al servicio del bien común.

Esta otra visión permitiría a las organizaciones representativas de las trabajadoras y trabajadores continuar en la defensa de sus derechos con los instrumentos existentes, que son necesarios y útiles, e incorporar otros nuevos. También se debe recuperar la relación próxima a los colectivos a los que se representa, mientras se establecen alianzas en el ámbito territorial con otros movimientos sociales representativos. Dicho de otro modo: si las periferias aumentan, el sindicalismo debe seguir ampliando el perímetro de su representación, ayudando en la autoorganización de las personas en situación de precariedad laboral. Y todo ello a la vez que se contribuye a la construcción de un interés colectivo, mediante la participación de todas las partes implicadas, para hacer frente a las estructuras y relaciones generadoras de desigualdad.

Un planteamiento así exige reconsiderar la relación de creciente subordinación de la democracia a los intereses del mercado y del poder. Por eso es tan importante fortalecer la iniciativa social y la responsabilidad pública ciudadana.

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